Friday, August 1, 2014

Vergüenza interamericana: El caso Brewer-Carías

El pasado 26 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CrIDH”) emitió sentencia en el caso del profesor Allan Brewer-Carías, quién había interpuesto una petición ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Específicamente, Brewer-Carías solicitó que se declarase la responsabilidad del Estado venezolano por la falta de garantías judiciales en el proceso penal seguido en su contra por el delito de conspiración para cambiar violentamente la Constitución, todo ello en el contexto del golpe de Estado ocurrido entre el 11 y el 13 de abril de 2002 contra Hugo Chávez.

El caso llegó a la CrIDH porque fue admitido y referido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”), la cual consideró que el hecho de que el proceso penal en contra de Brewer estuviera a cargo de tres jueces temporales durante la etapa preliminar constituía una violación a las garantías judiciales y que la imposibilidad de Brewer y sus abogados de acceder al expediente a su totalidad y sacar fotocopias, configuraba la violación del derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

No obstante, la CrIDH sentenció en contra de Brewer-Carías, pues consideró que no se habían agotado los recursos internos, tal y como lo exige el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En otras palabras, la CrIDH determinó que Brewer no había interpuesto y agotado todos los recursos disponibles bajo derecho venezolano y por tanto, el caso no podía ser admitido. La necesidad de agotar los recursos internos antes de poder recurrir ante la justicia internacional es un principio fundamental del derecho internacional.

Sin embargo, la determinación de si efectivamente se agotaron los recursos internos no es tan sencilla como verificar si fueron o no interpuestos tales recursos. Es decir, no se limita a un simple examen fáctico de la situación. Esto se debe a que la Corte Interamericana ha establecido que los recursos que establece cada ordenamiento jurídico deben ser idóneos para proteger la situación jurídica infringida. Específicamente, en su Opinión Consultiva OC - 9/87 del 6 de octubre de 1987, la CrIDH estableció:
Para que [un] recurso [idóneo] exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.
A pesar de lo anterior, la CrIDH consideró que en el caso específico de Brewer-Carías, el Estado venezolano tenía razón al haber interpuesto la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos, ya que en líneas generales, en el caso del profesor Brewer todavía se encuentra pendiente la audiencia preliminar y una decisión al menos de primera instancia, por lo que no era posible entrar a pronunciarse sobre la presunta vulneración de las garantías judiciales, pues todavía no había certeza sobre cómo continuaría el proceso penal y si muchos de los alegatos presentados podrían ser subsanados a nivel interno.

Específicamente, la Corte estableció que el procedimiento penal en contra de Brewer-Carías todavía se encontraba en la fase intermedia (porque todavía no se ha realizado la audiencia preliminar ya que Brewer se encuentra fuera de Venezuela y no pretende regresar por la falta de imparcialidad en el Poder Judicial venezolano). Por ende, al estar todavía en esta “etapa temprana”, dicha Corte no podía “analizar el impacto negativo que una decisión pueda tener si ocurre en etapas tempranas, cuando estas decisiones pueden ser subsanadas o corregidas por medio de los recursos o acciones que se estipulen en el ordenamiento jurídico”.

En pocas palabras, la CrIDH deja establecido un lamentable e injustificable precedente en su jurisprudencia, según el cual, siempre y cuando sucedan violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana en las “etapas tempranas” de un procedimiento penal, como dichas violaciones podrían ser subsanadas por el Poder Judicial más adelante en el proceso, las mismas no serán evaluadas por dicha Corte.

Esto es claramente rebatido en el voto conjunto disidente de los jueces Manuel Ventura Robles y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, los cuales explican que: “aceptar que en las “etapas tempranas” del procedimiento no puede determinarse alguna violación (porque eventualmente puedan ser remediadas en etapas posteriores) crea un precedente que implicaría graduar la gravedad de las violaciones atendiendo a la etapa del procedimiento en la que se encuentre; más aún, cuando es el propio Estado el que ha causado que no se hayan agotado los recursos internos en el presente caso, dado que ni siquiera dio trámite a los recursos de nulidad [interpuestos por los abogados del profesor Brewer] por violación a derechos fundamentales”.


Las implicaciones de que este nefasto precedente continúe siendo aplicado por la CrIDH supondría que un Estado siempre podría interponer la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos cuando se hayan dado violaciones a los derechos humanos en las primeras instancias o etapas de un procedimiento, suponiendo esto que la CrIDH no podría entrar a evaluar si efectivamente hubo o no una violación a los derechos humanos.

El camino que debió haber seguido la Corte Interamericana, y que debe seguir en futuros casos, es preguntarse si el motivo por el cual no se agotaron los recursos internos se debió a que no estaban dados los supuestos para que fueran respetados los derechos reconocidos por la Convención Americana, “uniendo el estudio de la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos al análisis de los argumentos de fondo”. Esto en palabras de los jueces disidentes.

Por ende, cabe preguntarse, ¿en verdad estaba Brewer-Carías obligado a agotar los recursos internos en Venezuela? O lo que es lo mismo, vista la actual situación del Poder Judicial venezolano, ¿está cualquier persona obligada a agotar todos los recursos que prevé el ordenamiento jurídico venezolano antes de recurrir a la justicia internacional para demandar la violación de sus derechos humanos?

La respuesta a esa pregunta es necesariamente negativa. El Poder Judicial venezolano tiene el problema de que la gran mayoría de sus jueces son provisorios o temporales (a finales de 2013 sólo el 33% de los jueces eran titulares y el 67% era designado o removido por la Comisión Judicial por lo que no gozan de estabilidad.) Este simple hecho hace presumir que cualquier persona que tiene un caso ante los tribunales venezolanos está siendo objeto de la violación de su derecho humano a ser oído, “con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”, tal y como lo exige el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por ende, tal y como lo afirman los jueces disidentes en el voto salvado, el estudio del no agotamiento de los recursos internos, en el caso específico de Venezuela, no puede ser realizado sin analizar el tema de fondo, el cual era precisamente si el profesor Brewer está siendo juzgado en Venezuela por un tribunal imparcial e independiente. Esto hubiese llevado a la CrIDH a determinar que vista la evidente falta de imparcialidad en nuestro sistema de justicia, poco importaba que el proceso penal contra Brewer-Carías se encuentre todavía en una fase temprana o preparatoria, pues lo cierto es que ya incluso en esa fase se configuraron violaciones a sus derechos humanos.

Friday, July 25, 2014

Hugo Carvajal y el derecho internacional: Explicación sencilla

1. ¿La tenencia del pasaporte diplomático otorga inmunidad? ¿Existe una violación de las Convenciones de Viena?

La respuesta a esta pregunta es negativa. Si uno revisa los tratados internacionales en materia de diplomacia, uno debe concluir que bajo el derecho internacional, la simple tenencia de un pasaporte diplomático no otorga inmunidad a su portador. En realidad, tanto la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares otorgan inmunidad es a la persona que se encuentra ejerciendo efectivamente una función diplomática o consular, todo esto con el fin de garantizar el desempeño eficaz de esas funciones. De hecho, el “pasaporte diplomático” como fuente de inmunidad no está reconocido en el texto de ninguna de esas Convenciones.


En consecuencia, la gran pregunta en este caso no es si Carvajal tenía un pasaporte diplomático, sino si efectivamente estaba ejerciendo funciones diplomáticas o consulares en Aruba. Dicha pregunta hay que responderla negativamente. Específicamente, es de conocimiento público que Carvajal había sido designado por el gobierno de Venezuela como cónsul en Aruba. Por ende, hay que revisar detalladamente la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares para determinar si, conforme a ese tratado firmado y suscrito por Venezuela y Holanda, Carvajal calificaba como la máxima autoridad consular.

En tal sentido, el Artículo 10.1 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece que “los jefes de oficina consular serán nombrados por el Estado que envía y serán admitidos al ejercicio de sus funciones por el Estado receptor”. Por ende, estamos ante un doble procedimiento, el nombramiento por el Estado que envía (que en este caso es Venezuela) y la admisión al ejercicio de las funciones por el Estado que recibe al funcionario para ejercer sus funciones (que en este caso es Holanda). En el caso de Carvajal, el primer requisito del artículo 10.1 se había cumplido, pero el segundo no, pues el Reino de Holanda nunca emitió su autorización para que Carvajal se convirtiera en el cónsul de Venezuela en Aruba (en el argot internacional, dicha autorización se llama exequátur).

Ese simple análisis lleva a la conclusión de que Hugo Carvajal no calificaba como autoridad consular y por ende, no puede ser beneficiario de la inmunidad que otorga la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Ahora bien, el artículo 13 de dicha Convención establece una excepción. Específicamente establece que: “hasta que se le conceda el exequátur, el jefe de oficina consular podrá ser admitido provisionalmente al ejercicio de sus funciones”. 

En consecuencia, la única manera de que Carvajal o el gobierno de Venezuela puedan argumentar que éste tenía inmunidad es que efectivamente demuestren algún tipo de documento o notificación por parte del Reino de Holanda en donde, a pesar de no otorgarle el exequátur, dicho Reino le notificó al gobierno de Venezuela que hasta tanto se tramitara el exequátur, Carvajal era admitido temporalmente para ejercer las funciones de cónsul en Aruba. No obstante, no existe ninguna información de que dicha admisión temporal exista y ni siquiera fue invocada en el Comunicado Oficial emitido por la Cancillería de Venezuela.

Por último, aún asumiendo que dicha admisión temporal hubiese existido y por ende Carvajal calificase como un funcionario consular, hay que mencionar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares prevé que “los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente”. Esta excepción se encuentra solamente en la Convención sobre Relaciones Consulares y no sobre Relaciones Diplomáticas, por lo que si Carvajal hubiese sido nombrado y aceptado como Embajador, por ejemplo, no estaría limitado por ella.

En todo caso, es importante mencionar que la Convención delega al ordenamiento jurídico de cada Estado la determinación de cuáles son los delitos graves. Por ende, en el caso de que bajo el ordenamiento jurídico holandés el delito del cual se le acusa a Carvajal sea considerado un delito grave, de igual forma el derecho internacional hubiese permitido que Carvajal hubiese sido arrestado. 

2. ¿Tiene Hugo Carvajal derecho a la asistencia consular?

Por otro lado, cabe destacar que independientemente de lo anterior, Hugo Carvajal, como ciudadano venezolano tiene el derecho de recibir asistencia del Consulado de Venezuela en Aruba con relación a su detención y el juicio que se le está siguiendo. Este derecho está expresamente establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, estableciendo que cualquier extranjero tiene derecho a que se le informe a la oficina consular de su país en caso de ser arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva.

Por su parte, los funcionarios consulares tienen derecho a visitar al ciudadano de su país detenido, arrestado o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. En consecuencia, es en base a esta disposición que autoridades del Consulado de Venezuela en Aruba, así como otros funcionarios del gobierno nacional, se encuentran en la isla tratando de hacer todo lo posible para que Carvajal salga en libertad. 

3. ¿Cuál es el procedimiento a seguir a partir de ahora?

El próximo paso a darse, el cual debería ocurrir el día de hoy, viernes 25 de julio de 2014, es que el Juez de Aruba decida si Carvajal debe salir en libertad o permanecer detenido. En tal sentido, la mejor defensa que tienen sus abogados es el tema de la inmunidad. En este sentido, cabe destacar que la Fiscalía de Aruba ha argumentado que Carvajal no tiene inmunidad porque el Reino de Holanda nunca otorgó el exequátur, mientras que los abogados de Carvajal sostienen lo contrario.

Lo más probable es que el Juez de Aruba le otorgue un buen grado de deferencia a los argumentos de la Fiscalía, ya que es el gobierno el que firmó el tratado y el que maneja las relaciones internacionales del Reino de Holanda. En caso que la decisión del Juez niegue la inmunidad de Carvajal, Venezuela podría demandar al Reino de Holanda ante la Corte Internacional de Justicia, el cual es el tribunal que tiene la competencia para decidir cualquier controversia relacionada tanto con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, tal y como lo establece un Protocolo Facultativo que existe en el caso de ambas Convenciones. En caso de que el gobierno de Venezuela ejerza ese derecho, es probable que ello no detenga el procedimiento de extradición que podría iniciar Estados Unidos.

Luego de la decisión de hoy, Estados Unidos tiene 60 días para formalizar la solicitud de extradición. En caso de hacerlo, se deberá conformar un tribunal especial que evaluará si están dados los requisitos para extraditar (conforme al tratado de extradición entre Holanda y Estados Unidos) y luego dicho órgano hará una recomendación al gobernador de Aruba, quien tendrá la última palabra sobre si Carvajal es extraditado a Estados Unidos. De este ser el caso, Carvajal sería finalmente juzgado por los delitos que se le acusan (narcotráfico) en los tribunales de Estados Unidos.

4. ¿Podría esta situación deteriorar las relaciones de Venezuela con Holanda?

Efectivamente, y así ya lo ha adelantado el Presidente Maduro, Venezuela podría tomar medidas (siempre y cuando estén dentro del marco del derecho internacional) como respuesta a la decisión de Holanda de dejar detenido y posteriormente extraditar a Carvajal. Dichas medidas podrían ordenar restringir el comercio con el Reino de Holanda y las respectivas islas, como también restringir el turismo.


No obstante, lo más lógico sería que si en verdad el gobierno de Venezuela considera que Carvajal cuenta con inmunidad diplomática, el caso sea sometido a la Corte Internacional de Justicia y se solicite una medida provisional de suspender el procedimiento de extradición mientras la Corte decide. No obstante, hay que tener en cuenta que eso mantendría a Carvajal preso muchos años ya que los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia son muy lentos y complicados. Nada obsta para que ambas naciones resuelvan esta diferencia a través de la negociación y la diplomacia.

Saturday, March 1, 2014

UNASUR no puede discutir estado de la democracia en Venezuela hasta el 21 de marzo

A medida que se agrava la crisis en Venezuela, la necesidad de una discusión de la situación a nivel internacional aumenta. Actualmente, el gobierno de Venezuela está tratando de convencer a los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (“UNASUR”) de que la discusión debe darse dentro de dicha organización. Por su parte, Panamá pretende adelantar una propuesta para discutir la crisis venezolana en la Organización de Estados Americanos (“OEA”).


La razón de la estrategia que pretende imponer el gobierno de Venezuela es sencilla. En la UNASUR únicamente son miembros las 12 naciones que forman parte de Suramérica, mientras que en la OEA también participan Canadá, Estados Unidos, los países de Centroamérica y el Caribe. En consecuencia, el gobierno pretende trasladar la discusión a un foro en donde pueda controlar con mayor facilidad a los Estados presentes.

En la UNASUR, los Estados afectos al gobierno actual de Venezuela son mayoría. Así, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Suriname y Uruguay (7 de los 12 miembros de la organización) tienen un interés nacional (y económico) de que la situación política se mantenga bajo el control del gobierno de Nicolás Maduro. El mantenimiento del status quo en Venezuela le permitirá a dichas naciones seguir exportando sus productos a una Venezuela en donde no se produce prácticamente nada o seguir recibiendo petróleo a precios regalados.

En la OEA, la situación cambia. Estados Unidos y Canadá ya han manifestado abiertamente su preocupación ante la situación y han llamado al gobierno a concretar un diálogo con la oposición y los estudiantes, restituyendo antes las garantías democráticas. Por su parte, el gobierno de Venezuela no se siente tan confiado de cómo podrían votar los países de Centroamérica y el Caribe en caso de que en el seno del Consejo Permanente de la OEA, se hagan muy evidentes las violaciones a los derechos humanos que se han adelantado desde el gobierno durante las últimas semanas.

¿Dónde se debe discutir entonces la crisis actual que vive Venezuela? La respuesta debe ser sin duda alguna en la OEA. Venezuela vive una crisis política en donde se ha evidenciado que no existen las garantías democráticas que están previstas en la Carta Democrática Interamericana. Esto significa que hay disposiciones de dicha Carta que están siendo violadas por Venezuela, en franco incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Aunque las soluciones que prevé dicho instrumento no son de mucha ayuda, desde la OEA debe al menos gestionarse la creación de una comisión independiente que visite el país para constatar la situación y empezar a generar las condiciones democráticas para que se concrete un diálogo fructífero y verdadero.

En la UNASUR, al menos hasta el próximo 21 de marzo de 2014, no podría aplicarse el Protocolo Adicional sobre Compromiso con la Democracia. Dicho tratado, que es parecido a la Carta Democrática Interamericana, no ha entrado en vigencia. Por ende, no puede ser aplicado. Conforme a su artículo 8, el Protocolo entra en vigor 30 días después de la fecha de recepción del noveno instrumento de ratificación. Tal hecho se comprobó apenas el pasado 19 de febrero de 2014 con la recepción de la ratificación de Uruguay.

Por ende, hasta tanto no llegue el 21 de marzo de 2014, el único organismo internacional competente para evaluar el estado de la democracia en Venezuela es el Consejo Permanente de la OEA, aplicando la Carta Democrática Interamericana. Si se invoca el Protocolo Adicional sobre Compromiso de la Democracia de UNASUR antes de la fecha ya planteada, los Estados involucrados estarán desconociendo el derecho internacional y cualquier decisión que tomen estará viciada de nulidad absoluta.