Elena Kagan y los poderes presidenciales: Camino a la Corte Suprema de EEUU

Este próximo lunes empezarán en el Senado norteamericano las respectivas sesiones para que ese órgano del gobierno norteamericano decida si confirma a Elena Kagan, nominada por el Presidente Obama para ocupar el puesto de John Paul Stevens en la Corte Suprema de Estados Unidos. Kagan, que antes de ser nominada por Obama ocupaba el cargo de Procuradora General de Estados Unidos, fue también Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, y ha sido catalogada como una candidata sumamente calificada para ser la nueva Juez Asociada de la máxima instancia judicial de Estados Unidos.
 

Sin embargo, una cuestión muy importante que será debatida durante el proceso de confirmación es su punto de vista sobre los poderes del Poder Ejecutivo, en donde, a pesar de ser nominada por un Presidente del Partido Demócrata, Kagan comparte teorías con el Partido Republicano, lo que sin duda se puso en evidencia durante la Presidencia de George W. Bush, en donde se verificó una ampliación considerable de los poderes del Poder Ejecutivo.
 

El punto de vista de Kagan en esta materia viene dado por un artículo que publicó en el año 2001 en el Harvard Law Review, titulado “Presidential Administration”, en donde Kagan argumentó que el Presidente debe jugar un papel fundamental en el manejo y control de todo el Poder Ejecutivo, así como de las agencias federales que están aliadas a dicho Poder Público. Por ejemplo, y tal como lo describe en ese artículo, para Kagan el Presidente debe tener control administrativo total sobre la dirección de las innumerables agencias federales cuando responden a escenarios recientes como el derrame en el Golfo de México y la crisis económica de 2008-2009.

Los conservadores en Estados Unidos consideran que la posibilidad de controlar las facultades del Ejecutivo es un problema de carácter constitucional, y que si esa posibilidad se llegara a concretar, las agencias federales que dependen del Presidente pudieran sufrir una regulación desenfrenada, limitando así su efectividad a la hora de resolver problemas tan graves como el propio derrame petrolero o un ataque terrorista. Lo particular de este caso, es que en su artículo Kagan evalúa la situación desde el punto de vista de un Presidente demócrata, argumentando que unos sólidos poderes por parte del Poder Ejecutivo, permiten que un Presidente como Barack Obama, pueda llevar adelante sin problema su agenda de cambios progresivos.
 

El problema no sólo es de interés para Estados Unidos y el proceso de confirmación que tendrá que sobrepasar Kagan a partir de la próxima semana. Resulta obvio que dentro del marco constitucional de cualquier Estado, los poderes de los que pueda gozar el Poder Ejecutivo no pueden ser excesivamente limitados, puesto que de ser así, esa rama del Poder Ejecutivo pierde fuerza para afrontar los principales problemas que sufre una Nación, siendo ese Poder precisamente el que puede actuar de forma rápida y efectiva a problemas imprevistos.

Pero quizás en América Latina se tiene otra percepción del problema, puesto que hemos sufrido en carne propia el abuso de sus poderes por parte del Ejecutivo, aprovechando para imponer una agenda con la excusa de que el Poder Ejecutivo tiene legitimidad electoral. En todo caso, el problema de las facultades del Ejecutivo adquiere importancia también en el marco del derecho internacional, lo que deviene de los supuestos poderes que se adjudicó George W. Bush en su guerra contra el terrorismo.
 

Es precisamente en ese aspecto que deberá responder la mayor cantidad de preguntas Elena Kagan, para que los senadores de Estados Unidos puedan determinar cuál es el punto de vista de la candidata a la Corte Suprema en temas álgidos, como por ejemplo, si de conformidad con la legislación militar un miembro de una fuerza enemiga, puede ser detenido sin respetársele su derecho al debido proceso. 

Es allí donde juega un papel fundamental la relación entre el derecho interno y el derecho internacional, puesto que claramente el derecho internacional asegura que toda persona tiene derecho a que se le respete su derecho al debido proceso, así como también existe una prohibición absoluta de cometer el delito de tortura, prohibición que por demás tiene carácter de jus cogens en el derecho internacional.
 

Estos son aspectos sumamente importantes en el foro jurídico de Estados Unidos, en donde los miembros del Poder Legislativo son celosos de otorgar un cargo vitalicio a una persona que sin duda alguna podría tener una influencia importante en la limitación o ampliación de los poderes presidenciales en tiempos de guerra como los que actualmente vive la nación norteamericana.
 

En todo caso, lo que sí se puede saber con seguridad acerca del pensamiento de Elena Kagan en esta materia es que cualquier persona que sea detenida como parte de una fuerza enemiga por parte de militares estadounidenses, tiene que gozar de la protección de un proceso transparente y por parte del Poder Judicial civil norteamericano, puesto que estos detenidos no deben ser juzgados por tribunales militares, en donde no están garantizados su derechos humanos.

Por consiguiente, se puede afirmar que Kagan, aunque cree en amplios poderes presidenciales para el manejo y dirección de los agencias federales, si es confirmada como nueva Juez Asociada de la Corte Suprema, buscará con su criterio jurídico limitar situaciones lamentables como el juicio a enemigos combatientes por parte de tribunales militares, así como los diversos actos de tortura ocurridos durante las recientes guerras de Irak y Afganistán, así como también cualquier otro medio que pueda usar el Poder Ejecutivo que se encuentre fuera del marco de la Ley. Es por ello que Elena Kagan es una excelente candidata, puesto que su principal atributo es velar por el respeto a la separación de poderes, en donde al Juez le corresponde determinar si el Poder Ejecutivo está actuando de conformidad con las directivas establecidas por el Poder Legislativo, que no son otra cosa sino las leyes.

Posibles Candidatos a la Corte Suprema de Estados Unidos

Dentro de unos pocos días, o quizás horas, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará el que se convertirá en su nominado para ocupar el puesto del Juez Asociado John Paul Stevens cuando la Corte Suprema de Justicia reinicie su período ordinario de sesiones en octubre de este año. Hay que recordar, que de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución norteamericana, corresponde al Presidente nombrar a los Jueces del Máximo Tribunal de dicho país para que estos sean posteriormente aprobados por el Senado. 

Cabe destacar, que a lo largo de la historia, la mayoría de los Presidentes han nominado candidatos con los que guardan un nexo ideológico, aunque ello no es garantía para obtener sentencias afectas a los intereses presidenciales, puesto que el cargo es vitalicio y muchos Jueces han terminado sentenciando en contra del Presidente que los nominó. Sobre este proceso de nominación y aprobación para ser Juez de la Corte Suprema de Justicia resulta interesante que la Constitución norteamericana no establece ningún requisito para poder ser elegible, así que en teoría el Presidente puede nominar literalmente a cualquier persona para ocupar el cargo. No obstante, gracias a un alto sentido de institucionalidad que existe en Estados Unidos, el Senado, durante su proceso de confirmación, siempre se ha asegurado de nombrar candidatos que estén altamente calificados para ejercer el cargo y compartan los valores de la gran mayoría de los estadounidenses. 

Es así, como será uno de los siguientes cuatro nombres lo que próximamente pronuncie el Presidente Obama como su candidato para suplir a Stevens, el cual durante su larga estancia sobre la Corte Suprema ha demostrado ser un excelente líder del sector liberal de la Corte, el cual recurrentemente tiene serios enfrentamientos con el sector conservador, que durante los últimos años ha sido mayoría. Veamos entonces el perfil de los candidatos del Presidente Obama al puesto: 

1.- Elena Kagan. Es la actual Procuradora General de Estados Unidos, cuya principal función es argumentar en nombre de la Administración Obama ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Nacida en 1960, es la primera mujer que ocupa dicho cargo, luego de haber sido confirmada por el Senado en el año 2009. Además, fue Decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, en donde se le atribuye haber conciliado bien entre los sectores liberales y conservadores de dicha Universidad. Por otro lado, fue durante muchos años profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago, en donde se hizo muy amiga del Presidente Obama, además de haber ejercido como asesora legal de la Casa Blanca durante la Presidencia de Bill Clinton. Su currículum meramente académico representa una ventaja para el proceso de confirmación, pues a diferencia a los otros candidatos que son jueces, se conoce muy poco su opinión legal en los distintos temas de interés para los norteamericanos. No obstante, se sabe que cree en poderes presidenciales amplios, lo que genera miedo entre los propios partidarios del Partido Demócrata, puesto que podría representar un voto para revocar las sentencias que limitaron las facultades del Ejecutivo durante el gobierno de George W. Bush, primariamente en relación a los derechos humanos de los terroristas. Como una persona generadora de consenso, gusta más a los Republicanos que a los Demócratas, quiénes piensan que es mucho más conservadora que Stevens, por lo que su elección significaría la pérdida de un Juez liberal enérgico.

2.- Merrick Garland. Nacido en 1952, este Juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, al igual que el Presidente Obama es originario del estado de Illinois, en donde disfrutó de su infancia. Posteriormente, se gradúo como abogado en la Universidad de Harvard, y sirvió como asistente legal del Juez Asociado William Brennan Jr. en la Corte Suprema. Fue el papel que le tocó jugar como Fiscal encargado de las averiguaciones en el caso de Timothy McVeigh, el joven que colocó una bomba en la ciudad de Oklahoma lo que le dio notoriedad a nivel nacional. Su trabajo como Fiscal fue producto directo de su renuncia a una lucrativa asociación en la firma de abogados Arnold & Porter, en donde se dedicó principalmente a litigios relacionados con el monopolio de empresas. De él se conocen innumerables sentencias, en donde recurrentemente ha fallado a favor de los detenidos, lo que sin duda alguna no sienta del todo bien a los seguidores del Partido Republicano. Su excentricidad también lo ha hecho famoso, especialmente cuando en el año 2008, escribiendo una sentencia que encontró inadecuada la evidencia que estaba utilizando el gobierno para mantener preso a un prisionero en Guantánamo, citó un poema del escritor Lewis Carroll en donde el autor establece que una mentira dicha tres veces es verdad, haciendo referencia al insistente argumento del gobierno de que la evidencia era válida. Tal fallo lo concluyó escribiendo que pobre de la sociedad que parta de la base de que todo lo que diga el gobierno debe ser tomado como verdad. 

3.- Sidney Thomas. Este juez de 56 años es quizás el menos conocido de los candidatos. Estudió Derecho en la Universidad estatal de Montana, y de confirmarse su posible nominación, sería el único de los 9 jueces que no ha recibido un título de una Universidad del Ivy League. Igual que Garland, su papel como juez ha dejado numerosas sentencias significativas que sin duda alguna podrían ser debatidas durante su eventual proceso de confirmación. Entre ellas destacan el caso de Nadarajah v. Gonzales, en donde le puso fin a cuatro años de detención de unos inmigrantes de Sri Lanka en territorio estadounidense, así como el famoso caso de MGM v. Grokster, en donde la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia que él redactó estableciendo que las empresas de distribución de software no son responsables por las violaciones de derechos de autor que se realicen utilizando sus productos. 

4.- Diane Wood. Al igual que Garland y Thomas, es juez de una Corte de Apelaciones, cargo al que fue nombrada por el ex – Presidente Bill Clinton en 1995. Su nombre ya ha sonado con mucha fuerza en otras oportunidades para ocupar uno de los nueve puestos en la Corte Suprema de Justicia, pero la última vez, Obama prefirió a la juez de origen latino Sonia Sotomayor. Quizás es la que más tiene capacidad de liderazgo, pues como juez federal de la Corte de Apelaciones con sede en Chicago, ha sido un excelente contrapeso intelectual para sus dos homólogos conservadores. Los conservadores la han considerado sumamente liberal, y se cree que es la candidata que encontraría mayor oposición en el proceso de confirmación. Este habilidad de ejercer de contrapeso intelectual es precisamente una de las cualidades que busca Obama, quien quiere nominar a alguien que pueda hacerle frente al Juez Presidente John G. Roberts, quien fue nominado por George W. Bush y es ampliamente conservador. Pero además, Wood ha demostrado ser una juez de consenso, convenciendo muchas veces a sus compañeros conservadores en la Corte de Apelaciones. Entre las sentencias más importantes de Wood encontramos un caso en donde impidió que una ciudadana fuese deportada por el simple hecho de que ésta había llegado dos horas tarde a la audiencia debido a que su intérprete no había podido ser contactado. Es una firme defensora del aborto y del derecho internacional, aplicando y sosteniendo la importancia de principios básicos como el de non-refoulement. Su historia personal de superación es algo que también la pudiera beneficiar, ya que siempre ha logrado equilibrar sus responsabilidades familiares con su carrera, lo que se evidencia en el hecho de que cuando comenzó a dar clases en la Universidad de Chicago, era la única profesora mujer de la Facultad, y además tenía ocho meses de embarazo. 

Independientemente de quien resulte el candidato, este escenario nos debe llamar particularmente a la reflexión a los ciudadanos venezolanos, en donde actualmente se han relajado los requisitos para ser Magistrado del más alto tribunal de nuestro país, puesto que ya no se necesitará ser especialista de la materia afín a la Sala a la cual se opta. Aunque sin duda alguna la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, como cualquier Tribunal Constitucional, tiene ciertos matices políticos, es garantía de independencia que estos jueces sean nombrados de forma vitalicia y además, que los que ocupan esos nueve puestos son abogados sumamente preparados y verdaderamente facultados para ejercer el cargo, lo que, lamentablemente, en muy pocas oportunidades sucede en nuestro país.