Arbitraje y Vicios en el Consentimiento en la Corte Suprema de EEUU

Hace apenas algunas horas la Corte Suprema de los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que cuando en un contrato, ambas partes se comprometen a someter al arbitraje sus controversias, tal cláusula debe ser cumplida, e incluso si se pone en duda la validez de la cláusula arbitral, tal contención debe ser conocida y decidida por el árbitro designado, no por un juez común.

El caso en cuestión, Rent-A-Center v. Jackson, tiene su origen en que Antonio Jackson, un empleado en la compañía de bienes raíces Rent-A-Center, demandó la validez de la cláusula arbitral de su contrato de trabajo con dicha compañía al alegar que dicho acuerdo de arbitraje no era válido puesto que no había tenido otra alternativa que firmarlo si quería conseguir el trabajo.
 

Con la mayoría conservadora que posee el Máximo Tribunal de Estados Unidos actualmente, el Juez Antonin Scalia argumentó que Jackson había consentido en que las controversias que suscitaran de dicha relación laboral fueran resueltas por medio del arbitraje, y que por ende, poco importaba que la controversia se tratare sobre la validez de la cláusula arbitral. Este caso guarda una gran importancia para los derechos de los débiles en las relaciones jurídicas, en donde desde hace muchos años se ha argumentado que los jueces deben tener la facultad para determinar si un acuerdo de arbitraje en concreto es leonino. Con la decisión de la Corte Suprema, se reafirma el principio de que son los árbitros los que tienen la competencia para conocer de absolutamente cualquier controversia que surja de la aplicación del acuerdo arbitral, sin importar si una de las partes no tuvo otro remedio que someterse a dicho mecanismo de resolución alternativa de conflictos, verificándose así un vicio en el consentimiento.

Con una decisión de esta naturaleza se pueden resaltar nuevamente las críticas de las cuales ha sido objeto el arbitraje, especialmente en un país como Estados Unidos, en donde se ha comprobado que los árbitros deciden casi siempre a favor de los empresarios, bien sean éstos demandantes o demandados. Por supuesto, contra esto muchos han argumentado que el arbitraje es un mecanismo justo, eficiente y relativamente económico para que los ciudadanos resuelvan sus conflictos.
 

La decisión en cuestión tuvo 4 votos en contra dentro de la propia Corte, y el saliente Juez Stevens en su opinión disidente argumentó que el resultado de la mayoría no tenía ningún sentido, puesto que si el acuerdo arbitral es impuesto por una de las partes y su redacción es unilateral (contratos de adhesión), estamos frente a una situación injusta que trae como consecuencia lógica que el débil jurídico no confié ab initio de la imparcialidad del árbitro llamado a resolver el conflicto. 

Las críticas a la decisión no se han hecho esperar en el Partido Demócrata, en donde se argumenta que decisiones como ésta sobreprotegen a las grandes empresas en detrimento de los derechos civiles y políticos de los trabajadores estadounidenses. Por el otro lado, los Republicanos argumentan que si alguien puede eximirse de que un conflicto sea conocido por un árbitro con el simple hecho de alegar que el acuerdo arbitral es leonino o contrario al orden público, los tribunales podrán entonces abusar de esta facultad y declarar siempre que les convenga que los acuerdos son abusivos o contrarios al orden público.
 

Claro está, este tipo de casos pueden enfrentar a los dos grandes sectores políticos de Estados Unidos, pero a una solución justa debe llegarse olvidando cualquier prejuicio en contra de la efectividad del arbitraje o en su caso, del frecuente abuso de los tribunales a la hora de anular acuerdos arbitrales. En tal sentido, pareciera que está claro que en la formación, redacción y aceptación del acuerdo arbitral no puede darse un vicio en el consentimiento. De ocurrir tal situación, es decir, de considerar alguna de las partes la ocurrencia de un vicio en el consentimiento a la hora se someterse al arbitraje, pareciera obvio que la instancia competente para ventilar ese conflicto es ante el juez ordinario, puesto que estamos hablando de un acuerdo que podría resultar totalmente nulo y en donde el árbitro puede no tener la debida imparcialidad para declarar tal situación.
 

Claro está, en cualquier caso, la parte que alegue el vicio en el consentimiento deberá probarlo ante la jurisdicción ordinaria, para que así el juez pueda declarar el acuerdo arbitral como nulo. Aquí hay que dejar en claro que se trata de cualquier vicio en el consentimiento, desde el escenario en donde a usted le falsifican su firma para someterlo falsamente al acuerdo arbitral, como en el caso en donde la otra parte le pone una pistola en la cabeza para que firme el contrato, o bien sea que su contraparte lo emborrache y lo haga firmar.
 

Quizás el verdadero problema se presenta en la situación subjetiva, que es la que ocurre cuando efectivamente la persona firmó, pero lo hizo por la propia naturaleza del contrato, en donde no le queda otro más remedio que someterse a las condiciones de una de las partes si quiere contratar. Es el caso típico de los contratos de adhesión. Este es el supuesto que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos consideró que no entraba entre los casos en donde conoce el juez en vez del árbitro. Resulta obvio, que la decisión de la Corte es errada puesto que la ley debe tender a proteger al débil jurídico de la relación y muchas veces, aunque la persona, como Antonio Jackson, firmó efectivamente el contrato, no lo hizo porque quería obligarse al arbitraje, sino porque de no hacerlo, no hubiera sido contratado. Sobre estos casos hay mucho que reflexionar, pero como en cualquier ámbito de la justicia, dependerá de la seriedad del árbitro o del juez la justa resolución del conflicto. En todo caso, actualmente, y por disposición del Máximo Tribunal, en estos supuestos deberá conocer el árbitro de la controversia planteada.

Posibles Candidatos a la Corte Suprema de Estados Unidos

Dentro de unos pocos días, o quizás horas, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciará el que se convertirá en su nominado para ocupar el puesto del Juez Asociado John Paul Stevens cuando la Corte Suprema de Justicia reinicie su período ordinario de sesiones en octubre de este año. Hay que recordar, que de conformidad con el Artículo 2 de la Constitución norteamericana, corresponde al Presidente nombrar a los Jueces del Máximo Tribunal de dicho país para que estos sean posteriormente aprobados por el Senado. 

Cabe destacar, que a lo largo de la historia, la mayoría de los Presidentes han nominado candidatos con los que guardan un nexo ideológico, aunque ello no es garantía para obtener sentencias afectas a los intereses presidenciales, puesto que el cargo es vitalicio y muchos Jueces han terminado sentenciando en contra del Presidente que los nominó. Sobre este proceso de nominación y aprobación para ser Juez de la Corte Suprema de Justicia resulta interesante que la Constitución norteamericana no establece ningún requisito para poder ser elegible, así que en teoría el Presidente puede nominar literalmente a cualquier persona para ocupar el cargo. No obstante, gracias a un alto sentido de institucionalidad que existe en Estados Unidos, el Senado, durante su proceso de confirmación, siempre se ha asegurado de nombrar candidatos que estén altamente calificados para ejercer el cargo y compartan los valores de la gran mayoría de los estadounidenses. 

Es así, como será uno de los siguientes cuatro nombres lo que próximamente pronuncie el Presidente Obama como su candidato para suplir a Stevens, el cual durante su larga estancia sobre la Corte Suprema ha demostrado ser un excelente líder del sector liberal de la Corte, el cual recurrentemente tiene serios enfrentamientos con el sector conservador, que durante los últimos años ha sido mayoría. Veamos entonces el perfil de los candidatos del Presidente Obama al puesto: 

1.- Elena Kagan. Es la actual Procuradora General de Estados Unidos, cuya principal función es argumentar en nombre de la Administración Obama ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Nacida en 1960, es la primera mujer que ocupa dicho cargo, luego de haber sido confirmada por el Senado en el año 2009. Además, fue Decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, en donde se le atribuye haber conciliado bien entre los sectores liberales y conservadores de dicha Universidad. Por otro lado, fue durante muchos años profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Chicago, en donde se hizo muy amiga del Presidente Obama, además de haber ejercido como asesora legal de la Casa Blanca durante la Presidencia de Bill Clinton. Su currículum meramente académico representa una ventaja para el proceso de confirmación, pues a diferencia a los otros candidatos que son jueces, se conoce muy poco su opinión legal en los distintos temas de interés para los norteamericanos. No obstante, se sabe que cree en poderes presidenciales amplios, lo que genera miedo entre los propios partidarios del Partido Demócrata, puesto que podría representar un voto para revocar las sentencias que limitaron las facultades del Ejecutivo durante el gobierno de George W. Bush, primariamente en relación a los derechos humanos de los terroristas. Como una persona generadora de consenso, gusta más a los Republicanos que a los Demócratas, quiénes piensan que es mucho más conservadora que Stevens, por lo que su elección significaría la pérdida de un Juez liberal enérgico.

2.- Merrick Garland. Nacido en 1952, este Juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, al igual que el Presidente Obama es originario del estado de Illinois, en donde disfrutó de su infancia. Posteriormente, se gradúo como abogado en la Universidad de Harvard, y sirvió como asistente legal del Juez Asociado William Brennan Jr. en la Corte Suprema. Fue el papel que le tocó jugar como Fiscal encargado de las averiguaciones en el caso de Timothy McVeigh, el joven que colocó una bomba en la ciudad de Oklahoma lo que le dio notoriedad a nivel nacional. Su trabajo como Fiscal fue producto directo de su renuncia a una lucrativa asociación en la firma de abogados Arnold & Porter, en donde se dedicó principalmente a litigios relacionados con el monopolio de empresas. De él se conocen innumerables sentencias, en donde recurrentemente ha fallado a favor de los detenidos, lo que sin duda alguna no sienta del todo bien a los seguidores del Partido Republicano. Su excentricidad también lo ha hecho famoso, especialmente cuando en el año 2008, escribiendo una sentencia que encontró inadecuada la evidencia que estaba utilizando el gobierno para mantener preso a un prisionero en Guantánamo, citó un poema del escritor Lewis Carroll en donde el autor establece que una mentira dicha tres veces es verdad, haciendo referencia al insistente argumento del gobierno de que la evidencia era válida. Tal fallo lo concluyó escribiendo que pobre de la sociedad que parta de la base de que todo lo que diga el gobierno debe ser tomado como verdad. 

3.- Sidney Thomas. Este juez de 56 años es quizás el menos conocido de los candidatos. Estudió Derecho en la Universidad estatal de Montana, y de confirmarse su posible nominación, sería el único de los 9 jueces que no ha recibido un título de una Universidad del Ivy League. Igual que Garland, su papel como juez ha dejado numerosas sentencias significativas que sin duda alguna podrían ser debatidas durante su eventual proceso de confirmación. Entre ellas destacan el caso de Nadarajah v. Gonzales, en donde le puso fin a cuatro años de detención de unos inmigrantes de Sri Lanka en territorio estadounidense, así como el famoso caso de MGM v. Grokster, en donde la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia que él redactó estableciendo que las empresas de distribución de software no son responsables por las violaciones de derechos de autor que se realicen utilizando sus productos. 

4.- Diane Wood. Al igual que Garland y Thomas, es juez de una Corte de Apelaciones, cargo al que fue nombrada por el ex – Presidente Bill Clinton en 1995. Su nombre ya ha sonado con mucha fuerza en otras oportunidades para ocupar uno de los nueve puestos en la Corte Suprema de Justicia, pero la última vez, Obama prefirió a la juez de origen latino Sonia Sotomayor. Quizás es la que más tiene capacidad de liderazgo, pues como juez federal de la Corte de Apelaciones con sede en Chicago, ha sido un excelente contrapeso intelectual para sus dos homólogos conservadores. Los conservadores la han considerado sumamente liberal, y se cree que es la candidata que encontraría mayor oposición en el proceso de confirmación. Este habilidad de ejercer de contrapeso intelectual es precisamente una de las cualidades que busca Obama, quien quiere nominar a alguien que pueda hacerle frente al Juez Presidente John G. Roberts, quien fue nominado por George W. Bush y es ampliamente conservador. Pero además, Wood ha demostrado ser una juez de consenso, convenciendo muchas veces a sus compañeros conservadores en la Corte de Apelaciones. Entre las sentencias más importantes de Wood encontramos un caso en donde impidió que una ciudadana fuese deportada por el simple hecho de que ésta había llegado dos horas tarde a la audiencia debido a que su intérprete no había podido ser contactado. Es una firme defensora del aborto y del derecho internacional, aplicando y sosteniendo la importancia de principios básicos como el de non-refoulement. Su historia personal de superación es algo que también la pudiera beneficiar, ya que siempre ha logrado equilibrar sus responsabilidades familiares con su carrera, lo que se evidencia en el hecho de que cuando comenzó a dar clases en la Universidad de Chicago, era la única profesora mujer de la Facultad, y además tenía ocho meses de embarazo. 

Independientemente de quien resulte el candidato, este escenario nos debe llamar particularmente a la reflexión a los ciudadanos venezolanos, en donde actualmente se han relajado los requisitos para ser Magistrado del más alto tribunal de nuestro país, puesto que ya no se necesitará ser especialista de la materia afín a la Sala a la cual se opta. Aunque sin duda alguna la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, como cualquier Tribunal Constitucional, tiene ciertos matices políticos, es garantía de independencia que estos jueces sean nombrados de forma vitalicia y además, que los que ocupan esos nueve puestos son abogados sumamente preparados y verdaderamente facultados para ejercer el cargo, lo que, lamentablemente, en muy pocas oportunidades sucede en nuestro país.

John Paul Stevens, el león liberal de la Corte Suprema de Estados Unidos

El pasado 20 de abril de 2010, John Paul Stevens, juez asociado de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, cumplió 90 años. Once días antes, el más veterano de los 9 jueces que hacen vida en la máxima instancia judicial de Estados Unidos, anunciaba al Presidente Barack Obama, su intención de dejar el cargo a finales de junio, cuando finaliza el período de sesiones de la Corte.

Habiendo servido 35 años como juez del juzgado más importante de los Estados Unidos, su legado es fuente de importantes opiniones jurídicas, pero también de fundamentales lecciones de vida. Desde 1994, cuando se convirtió en el juez más antiguo de la Corte, ha asumido la función de asignar la ponencia de los casos cuando el Juez Presidente de la Corte no está dentro de la mayoría sentenciadora, y más importante aún, ha sabido utilizar tal facultad con inteligencia para lograr coaliciones dentro de la Corte y hacerle frente a la mayoría conservadora que existe todavía en estos momentos en el más alto tribunal de los Estados Unidos.

Nominado por un Presidente Republicano, Gerald Ford, en 1975, Stevens se ha definido durante toda su vida como un republicano moderado, lo que se traduce en una persona conservadora en temas económicos, pero progresista en los derechos civiles y sociales de los ciudadanos. Su nominación fue característica de la época que vivía Estados Unidos, luego del escándalo y renuncia de Richard Nixon como Presidente de los Estados Unidos. Quizás por ello, la verdadera finalidad de su nominación era unir al país, lo que se tradujo en que el Senado lo confirmó como Juez con 98 votos a favor y 0 en contra. 

Durante sus primeros años en la Corte, Stevens no tuvo una ideología que pudiera ser identificada por el Partido Republicano, pero tampoco con el Demócrata, simplemente su visión era de centro. Ese papel pasivo finalizó para Stevens en 1994, cuando al convertirse en el más veterano de la Corte, tuvo que adquirir destrezas políticas para lograr conseguir una mayoría y poder decidir los casos en una Corte que estaba literalmente divida entre liberales y conservadores. Es así como Stevens se convirtió en el “Juez Presidente de la Corte Suprema Liberal de Estados Unidos”. Por ejemplo, en el año 2003, Stevens le asignó la opinión del caso Lawrence v. Texas al Juez Kennedy, el único voto indeciso con respecto a la decisión en la Corte, para así asegurar que el caso fuera decidido por la mayoría liberal. Dicho caso, anuló una ley del estado de Texas que prohibía a parejas homosexuales tener sexo de mutuo acuerdo. 

Casos como ese, demostraron la actitud poco egoísta de Stevens, quien prefirió dejar de escribir una decisión tan importante como esa para estar seguro que la ley del estado de Texas fuera anulada, y al asignar la opinión al Juez Kennedy, el único sin una tendencia ideológica totalmente definida en la Corte, Stevens aseguró la mayoría y por tanto la anulación de dicha norma. No obstante, Stevens también ha tenido la oportunidad de ser protagonista, principalmente con un conjunto de decisiones que regularon los derechos de los prisioneros de Guantánamo.

En primer lugar, Stevens escribió la decisión del caso Rasul v. Bush, en donde la mayoría sentenciadora llegó a la conclusión de que los prisioneros de Guantánamo tienen el derecho de solicitar la revisión de la legalidad de su detención en un tribunal estadounidense. Esa fue la primera vez en la historia de los Estados Unidos en la cual un Presidente perdió un caso sobre derechos civiles estando dicho país en guerra. Por otro lado, Stevens también escribió la opinión de la Corte en el caso Hamdan v. Rumsfeld, en donde la mayoría anuló los planes de la Administración Bush de crear tribunales militares para juzgar a los presos de Guantánamo, principalmente porque fueron considerados contrarios a los Convenios de Ginebra. Así, vemos el liderazgo que ha asumido Stevens a los fines de adecuar la guerra contra el terrorismo a la Constitución de Estados Unidos, en donde se ha puesto en evidencia de que el Poder Ejecutivo, de conformidad con la Constitución, debe necesariamente respetar el imperio de la Ley, y la Corte Suprema de Estados Unidos, de la mano de John Paul Stevens fue la única rama del Poder Público que fue capaz de recordarle eso a la Administración Bush.

Por otro lado, Stevens ha demostrado ser un realista legal, creyendo que las normas conforman un sistema en donde también hay que incluir las interpretaciones judiciales, dándose así un proceso mancomunado entre distintas ramas del Poder Público para finalmente definir cuáles son las reglas de juego. Esto quiere decir que Stevens considera que cuando las normas y la historia de la Constitución apuntan a una determinada conclusión, mientras que buenos resultados y buenas consecuencias apuntan en la dirección contraria, debe optarse por los buenos resultados y las buenas consecuencias. Tal manera de observar el derecho lo ha llevado a enfrentarse en innumerables oportunidades con otro Juez de la Corte, Antonin Scalia, quién siempre ha creído que el verdadero rol de un juez es meramente mecánico, limitándose éste a leer el texto de la norma y aplicarlo. Para Stevens, el derecho es una entidad viviente, y las normas deben ser aplicadas de la forma que más garantice las verdaderas intenciones del legislador, y no necesariamente de conformidad con las palabras exactas de éste. 

Claro está, al ser una Corte de 9 jueces, Stevens está descontento con muchas de las decisiones que desde la institución se han tomado, pero es respetuoso de ellas porque cree en la Constitución y en el buen funcionamiento de la Corte. Entre las decisiones con las cuales no está de acuerdo, podemos citar, en primer lugar, District of Columbia v. Heller, en donde la Corte reconoció el derecho que tienen los ciudadanos de portar armas; y en segundo lugar, Bush v. Gore, decisión que impidió el reconteo de votos en Florida durante las elecciones presidenciales del año 2000. De ese caso, Stevens, al redactar su voto salvado, expresó lo siguiente:

Aunque nunca sabremos a ciencia cierta la identidad del ganador de las elecciones presidenciales de este año, no cabe duda sobre la identidad del perdedor. Se ha perdido la confianza de una nación en los jueces como guardianes imparciales en el imperio de la Ley.

Además, durante su larga estadía en la Corte, Stevens nos recordó que nuestras opiniones no deben ser definitivas, por lo que su visión de varios temas ha cambiado a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1976, votó en contra de la eliminación de la pena de muerte; mientras que en el año 2008, escribió que las ejecuciones de los criminales son excesivas y sin duda alguna constituyen un castigo cruel e inusual, violando así la Octava Enmienda de la Constitución norteamericana. 

El mejor tributo a Stevens se lo otorgó el propio Gerald Ford, cuando unos meses antes de morir en el año 2005, escribió que estaba preparado para dejar que la historia juzgara su período presidencial, si fuere necesario, exclusivamente, con su nominación de John Paul Stevens a la Corte Suprema de Estados Unidos. Son jueces como Stevens los que nos recuerdan que la justicia sí es posible, siempre que los hombres encargados de dispensarla sean los adecuados, quiénes generalmente son los más preparados. El Derecho, como ciencia social, está impregnada de errores humanos, y es allí donde reside la verdadera importancia de los jueces, quiénes como Stevens, entiendan que la meta es la justicia, y en el camino no solamente es admisible rectificar, sino que hay que fungir como verdaderos protectores de las minorías y como límite al abuso del poder, teniendo en cuenta que el Derecho y lo que es justo cambia constantemente y que únicamente a través de un estudio pormenorizado de los hechos podremos acercarnos más a esa meta que aunque inalcanzable, es preciso seguir en estos tiempos.