Una Mezquita en Ground Zero: ¿Pagarán justos por pecadores?

El intenso debate que ha surgido a raíz de la posible construcción de una mezquita en Ground Zero (sitio en el que se encontraban los dos edificios principales del World Trade Center de Nueva York antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001) deja mucho que desear.

En primer lugar, hay que recordar que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, claramente establece que "el Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma (…)".
 

Por lo tanto, la Primera Enmienda tiene una doble dimensión, ya que no solamente prohíbe que el Congreso tome alguna medida legislativa para desconocer alguna religión en los Estados Unidos, sino que también, por disposición constitucional está garantizado el libre ejercicio de cualquier religión, incluso si esa religión es el Islam.
 

No cabe duda de que la construcción de un centro cultural musulmán y una mezquita solamente a dos cuadras de Ground Zero es un derecho constitucionalmente protegido en Estados Unidos, y así lo reconoció correctamente el Presidente de ese país, Barack Obama, al defender el derecho constitucional de la comunidad musulmana de practicar su religión, lo que trae como consecuencia que dicha comunidad tiene el derecho de construir una mezquita siempre y cuando cumpla con las regulaciones de construcción correspondientes.

Lamentablemente, el Presidente Obama sucumbió a la presión política al día siguiente, aclarando que no se estaba refiriendo a la conveniencia de la construcción de una mezquita en la zona cero de Nueva York. La contextualización por el propio Obama de sus comentarios es una lamentable consecuencia del juego político, especialmente si se tiene en cuenta que recientes encuestas han demostrado que 61% de la población estadounidense está en contra de la construcción de la mezquita en Ground Zero, bajo el argumento de que dicha mezquita ofendería a las familias de las casi 3000 personas que fueron asesinadas en el ataque al World Trade Center.
 

Se presenta en este caso una nueva tensión típica del derecho constitucional, en donde la gran pregunta es qué debe prevalecer: los derechos constitucionalmente consagrados, especialmente el derecho al libre culto y a la propiedad privada, o la conveniencia de una determinada conducta.
 

No cabe duda de que lo más conveniente es que la mezquita no sea construida en Ground Zero, y así lo han manifestado políticos de todos los espectros, ya que así nos ahorraríamos este debate que tanta polémica ha causado. Además, no se puede negar que el 11 de septiembre es fuente de un patrón de intolerancia importante en contra de la religión musulmana, el cual se evidencia con la simple discriminación que sufren todos aquellos que practican esta religión en los aeropuertos, quienes simplemente por su vestimenta reciben controles más rígidos por parte de los organismos de seguridad del Estado.

  

La intolerancia ha llegado a niveles insuperables, sobretodo luego de que un diputado republicano (Gingrich) igualara esta religión con el nazismo. Sin embargo, esto no ha impedido de que esta religión se haya desarrollado durante los últimos años, dato que se evidencia del hecho que actualmente se calcula que existen 1900 mezquitas en los Estados Unidos, mientras que en el año 2001 habían apenas 1200. Incluso, la ganadora del concurso Miss USA de este año 2010, es musulmana, representando a los más de 2.350.000 musulmanes que se estiman que son ciudadanos americanos.
 

Cabe entonces preguntarse, y de antemano hay que advertir que la respuesta no es fácil: ¿es lo más conveniente siempre lo correcto? Mi opinión personal, y creo que llego a esta conclusión con suficiente fundamento jurídico, es que no. Es más, muchas veces lo correcto no es lo más conveniente en el presente, pero cuando se analizan los hechos jurídicamente, uno se da cuenta de que es mejor que haya gente molesta ahora para que dentro de unos años la sociedad norteamericana pueda mirar atrás y llegar a la conclusión de que lo correcto es sencillamente que la mezquita sea construida en Ground Zero.
 

¿Por qué? En primer lugar, porque no hay nada peor a la hora de tomar una decisión con tanta trascendencia como ésta, que generalizar. Mucha gente estará de acuerdo conmigo de que si bien es cierto que los terroristas del 11 de septiembre de 2001 eran musulmanes, no es menos cierto que practicaban una rama radical del Islam, y este hecho, aunque quizás el más deplorable de los últimos tiempos, no puede servir para que justos paguen por pecadores. Exactamente el mismo raciocinio utilizarían muchos católicos, si por ejemplo, una determinada ciudad prohibiera el ingreso a todos los sacerdotes, por el simple hecho de que en esa ciudad hubo una vez un grupo de sacerdotes que cometió el delito de pederastia.

En segundo lugar, no hay mejor país que Estados Unidos, que especialmente se jacta de ello, para demostrar que una sociedad democrática puede estar fundada bajo los ideales de libertad y tolerancia religiosa. Algunos sostienen que por ejemplo en Arabia Saudita está prohibida la construcción de iglesias y sinagogas, lo que bajo argumento en contrario, no impediría que Estados Unidos prohíba la construcción de mezquitas. No obstante, fácil se olvida que Arabia Saudita es un Estado que ha adoptado una religión propia. Esta conclusión no distingue entre tendencias política, ya que el propio George W. Bush visitó una mezquita luego de los ataques a las torres gemelas, haciendo un llamado a que no hubiera venganza ni discriminación contra los musulmanes, finalizando su exposición aseverando que el Islam es una religión de paz. Esto es obvio, ya que existen marcadas diferencias entre la interpretación extremista y violenta de dicha religión por parte de los seguidores de Osama Bin Laden, y una mayoría que practica el Islam de forma pacífica, teniendo el mismo derecho que católicos, cristianos, judíos, etc., de practicar la religión de forma libre y segura.

  

Lo que suceda al final del día con la construcción de la mezquita afectará sin duda alguna el sentido de justicia y la igualdad en Estados Unidos, en donde quizás una de la mejores formas de atacar el problema del terrorismo es precisamente permitiendo la libertad de las diferentes personas para practicar la religión que deseen, y procurando que los musulmanes no sientan que son odiados por su religión, demostrando así que al final del día, la lucha es contra los radicales, y que aunque es un camino más difícil que prohibir la construcción de la mezquita, es uno que vale la pena transitar.

British Petroleum, Rescate Financiero y la Responsabilidad de las Transnacionales

Hace apenas un año, Estados Unidos estaba inmerso en uno de los peores episodios de irritación ciudadana de su historia. En ese país, y durante muchos años, los precios de las acciones y los valores de los inmuebles habían crecido incesantemente. No obstante, llegó el día en que la burbuja explotó, desplomándose así los miles de millones de dólares que los bancos de Wall Street y otras instituciones financieras habían logrado conseguir mediante complejas inversiones respaldadas por hipotecas.

 
Así, las alguna vez orgullosas firmas de Wall Street se tambalearon al borde del colapso, ocasionando una devastación que no sólo afectó a grandes empresas, sino también a ciudadanos comunes, cuyas cuentas de jubilación perdieron gran parte de su valor. En concreto, solamente en 2008, la riqueza total de las familias estadounidenses descendió la sorprendente cantidad de 11 billones de dólares, una cantidad igual a la producción anual combinada de Alemania, Japón y el Reino Unido.
 

Por tal razón, en octubre de 2008, el entonces Presidente George W. Bush, solicitó al Congreso un rescate por la suma de 700 mil millones de dólares para poder así ayudar a los grandes bancos de la nación y demás empresas financieras. No parecía justo desde ningún punto de vista que Wall Street, precisamente la gran beneficiaria durante los buenos tiempos, estuviera pidiendo ahora a los contribuyentes estadounidenses ayuda, cuando la situación estaba peor que nunca.
 

El hecho es que no parecía haber alternativa. Los bancos y firmas financieras habían crecido tan ampliamente, y su participación había adquirido un protagonismo tal en la economía norteamericana, que su colapso definitivo suponía el derrumbe del sistema financiero. Precisamente por tal razón, ningún político norteamericano se atrevió a decir que los bancos e instituciones financieras de inversión se merecían el dinero. Las decisiones imprudentes y las inadecuadas regulaciones gubernamentales habían provocado la crisis, pero el bienestar de la economía norteamericana fue más importante que cualquier consideración de justicia que pudiera tener el Congreso.

Meses después, surgió el episodio de los bonos. Las noticias empezaron a dar cuenta que muchas de las empresas beneficiadas por la ayuda financiera del Congreso estaban adjudicando millones de esos dólares en bonificaciones a sus ejecutivos. Quizás el caso más sonado fue el de la American International Group (A.I.G.), una gigantesca compañía de seguros que fue llevada a la ruina por realizar inversiones riesgosas y que luego de haber sido rescatada por el gobierno con una inversión de 173 mil millones de dólares, estaba destinando 165 millones de dólares en bonificaciones a sus ejecutivos de la unidad de productos financieros, la cual había sido la principal responsable en precipitar la crisis. En pocas palabras, 73 empleados recibieron bonos de 1 millón de dólares o incluso más.
 

Es imposible no hacerse eco de la sensación de injusticia que rodea toda esta situación. Moralmente, el rescate ejercido por el Congreso de Estados Unidos se parecía más a una especie de extorsión, puesto que los ejecutivos que reciben los bonos no los merecen. En primer lugar, porque los bonos parecían más bien una recompensa a su codicia, la cual debería haber sido castigada por las consecuencias que trajo. En concreto, es a todas luces injustificable que luego de haberse embolsillado todos los beneficios cuando el negocio marchaba bien, también exigieran una retribución luego de que sus inversiones habían llevado el sistema financiero norteamericano a la ruina.

En segundo lugar, los bonos indudablemente estaban recompensando el fracaso de los ejecutivos. En tal sentido, se pronunció el Presidente Barack Obama de forma muy clara, señalando concretamente lo siguiente:

Estos son los Estados Unidos de América. Aquí no se menosprecia la riqueza. No se critica a nadie por alcanzar el éxito, y estamos convencidos de que el éxito debe ser recompensado, pero lo que hace que la gente esté molesta –y con razón- son ejecutivos que después de un estruendoso fracaso reciben como contrapartida recompensas subsidiadas por los contribuyentes del país.

Son precisamente esos los sentimientos que están presentes en Estados Unidos un año después, ahora que ha sucedido un espantoso derrame en el Golfo de México luego de que explotara una plataforma petrolera manejada por la compañía British Petroleum. Sin duda alguna se trata de la peor crisis ambiental que han experimentado los norteamericanos en su historia.

A diferencia del régimen legal que opera en casos de fugas de tuberías de perforación en el fondo del océano, la responsabilidad de British Petroleum por daños y perjuicios ocasionados por el derrame está limitada en el ordenamiento jurídico estadounidense. En tal sentido, las leyes federales de Estados Unidos obligan a las empresas a pagar todos los daños al medio ambiente, pero hasta un máximo de 75 millones de dólares. Por tal razón, algunos legisladores del Partido Demócrata han propuesto aumentar ese límite a 10.000 millones de dólares, muchísimo menos de lo que hace la empresa inglesa por año (262.000 millones en 2005). 

Lo que sorprende de todo esto es que Senadores Republicanos han bloqueado tal iniciativa, lo que significa que serán los contribuyentes norteamericanos, una vez más, y no British Petroleum, los que tendrán que pagar por semejante desastre. Obviamente, la intención no debe ser quebrar a la empresa inglesa, pero en el mundo actual, es sumamente necesario que la gente responda por sus actos, y sobretodo las grandes empresas por los daños que han causado, puesto que así como se permite que compañías de este tipo hagan mucho dinero en un determinado país, deben responder por los daños que les causen, los cuales no afectan al gobierno, sino a los ciudadanos.