Ralph Lauren Corp. sancionada en EEUU por sobornar a funcionarios públicos en Argentina

Los Estados Unidos de América cuentan con una ley federal cuya finalidad es prohibir y sancionar el soborno a funcionarios públicos cometido más allá de sus fronteras. Dicha ley, conocida bajo el nombre Foreign Corrupt Practices Act o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA” por sus siglas en inglés) es entonces una ley cuya aplicación es eminentemente extraterritorial, pues busca sancionar actos de corrupción que ocurran fuera del territorio estadounidense.

 La FCPA obliga a tres categorías muy particulares de sujetos: 

1. Emisores, entendidos éstos como cualquier compañía norteamericana o extranjera que tenga algún tipo de título-valor registrado en Estados Unidos, o que por disposición del derecho estadounidense esté obligada a presentar informes conforme a lo dispuesto en el Securities and Exchange Act de 1934. En consecuencia, cualquier compañía, sea americana o no, que cotice por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York (“NYSE”) está obligada a cumplir con las obligaciones que establece la FCPA en cualquier lugar del mundo donde opere. 

2. Estadounidenses, entendido como cualquier individuo que es ciudadano, nacional o residente de los Estados Unidos, o cualquier compañía o entidad de negocio constituida bajo las leyes de Estados Unidos o que tenga su sede principal de negocios en dicho país; y

3. Cualquier ciudadano o compañía extranjera en el caso de que cometa, directamente o a través de sus representantes, un soborno a funcionarios públicos extranjeros en el territorio de los Estados Unidos. 

Habiendo dicho esto, hay que destacar que recientemente se conoció que la famosa empresa de moda y ropa Ralph Lauren Corporation (“Ralph Lauren”), comercializadora de la célebre marca Polo, fue sancionada por autoridades de Estados Unidos, luego de que se descubriera que empleados de su subsidiaria en Argentina sobornaran a funcionarios públicos de las aduanas en ese país desde 2004 hasta 2009. 

Específicamente, Ralph Lauren, el Departamento de Justicia (“DOJ”) y la Securities Exchange Commission (“SEC”) de Estados Unidos llegaron a “acuerdos de no enjuiciamiento” sujeto a que la compañía antes referida pagara como sanción $882.000 al DOJ y $700.000 a la SEC, además de cumplir con una serie de requisitos que detallaremos más adelante. Bajo el derecho estadounidense, los acuerdos de enjuiciamiento son alternativas válidas que tienen las autoridades para resolver violaciones al derecho, y en donde por un lado, se comprometen a conceder amnistía por una violación específica de las normas jurídicas, a cambio de que el sospechoso o acusado acuerde cumplir con ciertos requisitos y en situaciones como esta, cancelar una indemnización, que particularmente en este caso fue de 1.6 millones de dólares. 

Los hechos específicos que dieron lugar a este episodio fueron los siguientes: Ralph Lauren tiene aproximadamente 95 subsidiarias extranjeras a nivel mundial. Su subsidiaria en Argentina, PRL S.R.L., tenía un gerente general que conspiró con un agente aduanal en ese país a los efectos de hacer pagos indebidos a funcionarios de las aduanas para que ayudaran a la subsidiaria en la obtención indebida de documentos necesarios a los efectos del trámite aduanal, así como para permitir el ingreso de la mercancía a Argentina sin la documentación necesaria, importar mercancía prohibida y evitar inspecciones en los cargamentos a ser importados. Específicamente, la subsidiaria argentina, a través de su gerente general, gastó más de $580.000 en pagos indebidos. 

Aunque Ralph Lauren no tuvo conocimiento de estos hechos cometidos por un gerente general de su subsidiaria en Argentina, igual es responsable por la violación de la FCPA. En tal sentido, las autoridades norteamericanas también tomaron muy en cuenta que Ralph Lauren, durante los 5 años que sucedieron estas irregularidades en Argentina, no había puesto en práctica un programa anti-corrupción para todas sus empresas a nivel mundial, así como tampoco educó a sus empleados y a los de sus subsidiarias para que estuvieran al tanto que estaban obligados por las disposiciones de la FCPA y por ende tenían absolutamente prohibido sobornar a funcionarios públicos. 

Las razones por las que el DOJ decidió firmar un acuerdo de no enjuiciamiento con Ralph Lauren y así comprometerse a no enjuiciarla penalmente por la violación de las disposiciones anti-soborno establecidas en la FCPA, son básicamente las siguientes: (i) la divulgación a las autoridades por parte de la compañía de lo ocurrido de manera voluntaria, oportuna y completa; (ii) los esfuerzos de cooperación en tiempo real con las autoridades; (iii) la diligencia de la compañía para corregir la situación planteada – incluyendo la realización de cursos amplios de información sobre la importancia en el cumplimiento de la FCPA para sus empleados a nivel mundial y el despido inmediato de los empleados culpables y los agentes aduanales; así como (iv) la aceptación de la compañía en proporcionar informes anuales escritos al DOJ sobre los avances y la experiencia en el cumplimiento de la FCPA. 

En el marco del presente caso, el acuerdo de no enjuiciamiento firmado dura un lapso de 2 años y también detalla que además de realizar pagos indebidos a funcionarios de la aduana en Argentina, la subsidiaria de Ralph Lauren en ese país, a través de su Gerente General, directamente aprobó o autorizó la entrega de diversos “regalos” para funcionarios públicos argentinos con el objeto de asegurar indebidamente la importación de los productos a Argentina. Los “regalos” dados a 3 funcionarios públicos incluyen perfumes, vestidos, bolsos, cuyo valor oscila entre $400 y $14.000 cada uno. Esto revela que dar regalos a funcionarios público con la finalidad de obtener algo a cambio, genera la responsabilidad de la empresa involucrada, por muy insignificante (menos de $500) que sea el regalo. 

La violación de la FCPA, pero principalmente los controles de importación que está exigiendo Argentina a las empresas extranjeras, así como el control cambiario recientemente implementado, llevaron a Ralph Lauren a tomar la decisión en agosto de 2012 de cerrar sus tiendas en ese país. Dichos controles también causaron recientemente el éxodo de Argentina de importantes marcas como Emporio Armani, Yves Saint Laurent, Escada, Louis Vuitton y Cartier. Ahora, la revelación de estos hechos de corrupción en el país presidido por Cristina Fernández de Kirchner, están ocasionando disputas entre el gobierno de ese país y las autoridades de Estados Unidos. Específicamente, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), Ricardo Echegary, ha solicitado a la SEC que le proporcione los nombres y las pruebas de los sobornos ocurridos en la nación sudamericana, al mismo tiempo que calificó la investigación del DOJ y la SEC como un espectáculo para tapar el hecho de que Ralph Lauren desapareció $567.000 de los activos de su subsidiaria antes de que ésta abandonara Argentina.

Sin embargo, la AFIP tomó medidas muy específicas, suspendiendo del registro de información fiscal a la subsidiaria de Ralph Lauren en Argentina, así como al agente aduanal envuelto en el caso. Ahora, también se han iniciado investigaciones penales en la jurisdicción argentina, por lo que las pruebas que les proporcionen las autoridades estadounidenses serán fundamentales. Por lo pronto, las autoridades estadounidenses, según la AFIP, se han negado a proporcionarles ninguna información, a pesar de que Argentina tiene un tratado de cooperación en materia penal con Estados Unidos.

Este caso promete traer importantes consecuencias en el ámbito internacional, pero lo rescatable es resaltar que las empresas que estén sujetas al cumplimiento de la FCPA tienen que tener mucho cuidado en sus actividades en Latinoamérica, pues si bien en nuestros países dichas conductas rara vez son sancionadas, países como Estados Unidos en los últimos años han reforzado su lucha contra la corrupción internacional.

Corrupción en la FIFA: Un mal curable

Hace apenas algunas semanas, la prestigiosa revista francesa France Football (encargada hasta hace algunos años de entregar el premio Balón de Oro) dedicaba un extenso reportaje para denunciar que Qatar, como sede del mundial de fútbol en el 2022, había sido comprada.

No es la primera vez que surgen denuncias en el seno de la Fédération Internationale de Football Association (la “FIFA” como es mundialmente conocida), institución que gobierna a 209 federaciones de fútbol de todo el planeta. 

En el caso del mundial de Qatar, entre los señalados figuran Nicolás Sarkozy, ex-Presidente de Francia; Michel Platini, Presidente de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (la “UEFA”); Sandro Rosell, Presidente del Barcelona Fútbol Club y Ricardo Teixiera, ex-Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y actualmente exiliado en Miami por causas pendientes en Brasil, luego de que en 2012 la propia FIFA descubriera que tanto él como su suegro Joao Havelange (también ejecutivo de la FIFA), recibieron un multimillonario soborno al vender derechos televisivos. 

Por su parte, el proceso de selección de Rusia como sede del mundial de fútbol de 2018 también ha estado plagado de investigaciones e incluso causó la suspensión de seis oficiales de la FIFA, dos de los cuales pertenecían al Comité Ejecutivo. Aunque el Congreso de la FIFA es la máxima instancia del organismo, tiene unas competencias muy específicas y se reúne únicamente una vez al año, por lo que la mayoría de las decisiones reposan en el Comité Ejecutivo, al cual le competen todas las decisiones que no pertenezcan al ámbito de responsabilidad del Congreso o no estén reservadas a otras instancias por la legislación vigente o los Estatutos de la Organización. 

En pocas palabras, todo indica que la FIFA es un nido de corrupción, pero afortunadamente, dicha situación no solamente está teniendo eco en la prensa, sino que empresas relacionadas con el organismo que administra el fútbol a nivel mundial, como Adidas, Visa y Coca-Cola, ya han manifestado su preocupación por los incesantes rumores de corrupción que existen en dicho organismo. 

En ese sentido, es importante acotar que aunque las regulaciones por parte de cada uno de los Estados e incluso por parte del derecho internacional se concentran en las formas más obvias de ilícitos en los deportes (por ejemplo, arreglo de partidos, apuestas ilegales y dopaje), es importante entender que la lucha contra la corrupción depende fundamentalmente de las propias auto-regulaciones que se impongan las organizaciones de deportes. 

Como respuesta a todos los hechos descritos anteriormente, en el año 2011, el Comité Ejecutivo de la FIFA (presidido por el Presidente de la organización, Joseph Blatter) le solicitó ayuda al Profesor Mark Pieth, una autoridad mundial en materia anti-corrupción, con la finalidad de formar un grupo de expertos quienes tendrían como objetivo revisar detalladamente todos los procedimientos de decisión dentro de la FIFA y presentar las recomendaciones pertinentes para construir una FIFA más transparente. 

Ese grupo, conocido como el Independent Governance Committee (“IGC”), ya se encuentra realizando sus mejores esfuerzos para acabar con la corrupción dentro del máximo órgano del fútbol mundial. Está compuesta por seis miembros encargados de asuntos jurídicos, y miembros de diversos grupos de interés que representan los distintos intereses dentro de la organización, como por ejemplo, asociaciones, ligas, clubes, jugadores, medios de comunicación y patrocinadores. 

Su principal encomienda es examinar el procedimiento general que debe seguirse para cuando surjan conflictos de interés; mejorar los mecanismos de control interno, aumentar la transparencia de los programas de desarrollo de la FIFA, así como el buen gobierno en la comercialización de los derechos de dicha organización. 

Específicamente, la primera fase del proyecto de renovación dentro de la FIFA estuvo centrada en la creación de órganos de control independientes y profesionales, tanto en el área judicial como en el área financiera, contando con el liderazgo de expertos independientes y reconocidos internacionalmente. 

Así, desde el 2012, el Comité de Ética de la FIFA cuenta con un órgano que investiga, y otro que decide sobre las violaciones al Código de Ética, el cual fue también recientemente modificado por el Congreso de la FIFA en 2012. Dicho Comité, de importancia capital para vigilar que los funcionarios de la FIFA actúen de la manera más correcta posible, ya cuenta con el poder y los recursos para cumplir su propósito, incluso en el caso de que se estén investigando a las más altas autoridades del organismo o a las autoridades que reparten el dinero. 

Este primer paso, concretado apenas el año pasado, es de suma importancia dentro de las reformas que debe adelantar el máximo organismo del fútbol mundial y los comentarios que se han recibido desde dentro del organismo han sido muy positivos. Sin embargo, todavía resta mucho trabajo por hacer y resulta muy preocupante las nuevas críticas que han surgido sobre el desarrollo de los cambios que debería estar sufriendo el organismo. 

En tal sentido, hace apenas algunos días, el IGC hacía un llamado de atención al Comité Ejecutivo, y especialmente a Joseph Blatter, solicitándole que ejerzan su voluntad para adelantar las modificaciones restantes que hacen falta para arreglar las prácticas corruptas que han venido ocurriendo en el organismo. Aquí cabe destacar que expertos independientes del IGC han señalado directamente a la UEFA y específicamente a Michel Platini y Ángel María Villar como obstáculos para adelantar las reformas, estableciendo que ambos funcionarios prefieren darle prioridad a sus ambiciones para asegurar su poder dentro de la FIFA, antes que asegurar un verdadero cambio. 

La fase de cambios que resta, todavía es de suma importancia e incluye medidas como limitar los períodos de ejercicio en sus cargos de los miembros del Comité Ejecutivo. Otra medida que sería significativa sería exigir la ratificación de los miembros del Comité Ejecutivo por el Congreso anual de la FIFA. 

Adicionalmente, se requiere que dos miembros totalmente independientes se añadan al Comité Ejecutivo, a los efectos de salvaguardar la adecuada toma de decisiones en dicho órgano decisorio. No obstante, quizás la reforma de mayor importancia que resta es la modificación y el re-diseño del proceso de licitación y de la toma de decisiones para elegir las sedes para los mundiales de fútbol, y en donde se dan los mayores casos de corrupción. 

Sin medidas de este tipo, las cuales la FIFA todavía está reacia a tomar, pareciera imposible que dicho organismo alcance una transparencia verdaderamente efectiva. El Congreso de este año se realizará el próximo 31 de mayo de 2013 y aunque eso ya ofrece poco tiempo para conseguir el apoyo necesario para ejercer la presión para que se adelanten las reformas correspondientes en materia anti-corrupción, es hora de que sean los propios fanáticos de este deporte los que empiecen a alzar su voz y exijan al organismo la corrección del rumbo, pues sería una vergüenza si el deporte más importante del mundo pierde la oportunidad de limpiar su imagen de una vez por todas.