Thursday, August 6, 2009

Socialismo e Inversión Extranjera


A principios del mes de julio de este año, el Banco Mundial recibió una nota por parte del gobierno de Ecuador mediante la cual éste denunciaba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI), con el objeto de eliminar la posibilidad de que las controversias que surjan entre inversionistas extranjeros y el gobierno, puedan ser resueltas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Esta institución fue precisamente diseñada para promover la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados, para que la comunidad internacional cuente con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a las distintas inversiones internacionales. El CIADI se caracteriza por facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones extranjeras que surjan en un Estado Contratante, a un procedimiento de conciliación o arbitraje.


La denuncia de Ecuador viene a completar la amenaza de Bolivia, Nicaragua y Venezuela de retirarse del CIADI en el mes de mayo de 2007. Sin embargo, únicamente Bolivia denunció el Tratado y por lo tanto, dejó de ser parte del organismo el día 3 de Noviembre de 2007. Recordemos que el artículo 71 de la Convenio CIADI claramente establece que la denuncia del tratado tendrá efecto seis meses después de formalizada, por lo tanto, en el caso de Ecuador, el Convenio dejará de surtir efectos el día 7 de enero de 2010. Todas las controversias que surjan desde la denuncia del tratado hasta que se cumplan los seis meses, según la opinión mayoritaria de los doctrinarios de derecho internacional público, podrán ser conocidas por los procedimientos de conciliación y arbitraje del CIADI.

Esta política de retirarse del CIADI, claramente constituye una de las acciones que más ahuyenta a la inversión extranjera de cualquier país. Es propia de la izquierda latinoamericana actual, cuya cabeza es el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aunque hasta ahora, extrañamente, Venezuela sigue siendo parte del organismo del Banco Mundial. Para Chávez y compañía, el organismo siempre favorece a las transnacionales, las decisiones arbitrales son definitivas e inapelables y las metodologías son arbitrarias y poco claras. Pero Chávez ha recibido presiones de gobiernos como el español, quienes consideran al CIADI como una institución imparcial e idónea para que sus inversionistas resuelvan los conflictos con el gobierno venezolano.


Por demás, la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha reconocido la importancia del arbitraje como medio para resolver controversias, reconociendo el valor de cosa juzgada que tienen las decisiones arbitrales. Además, la Sala ha establecido que es el recurso de nulidad el único medio existente para atacar los laudos que puedan estar afectados de nulidad por algún defecto como la ausencia del debido proceso; el poder que tienen los árbitros para decidir sobre su propia competencia y dictar medidas preventivas o cautelares, aunque sea siempre mediante la intervención de las jurisdicción nacional.

Sin embargo, esa misma Sala, y en cuanto al arbitraje de inversiones extranjeras en el CIADI, estableció que aún cuando Venezuela es parte del Convenio CIADI, las disputas relativas a inversiones sólo podrán ser remitidas a dicho organismo, en la medida que el Estado Venezolano haya ratificado su decisión inequívoca de someterse al arbitraje, bien sea a través de un tratado internacional, un contrato o una disposición expresa de una Ley de la República. Para la Sala el artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones contiene una manifestación que no constituye una manifestación expresa a través de la cual el Estado venezolano se someta al arbitraje ante el CIADI.

La salida de Venezuela del Convenio CIADI dependerá del humor del Presidente Chávez, y también de la presión que ejerzan países como España y Suiza, para quiénes es fundamental que sus nacionales tengan un foro imparcial para dirimir las controversias con los Estados en los cuales invierten. Por ejemplo, recordemos que recientemente el grupo cementero suizo Holcim no aceptó la compensación ofrecida por el Gobierno de Venezuela por la nacionalización de su filial y declaró que proseguirá con el arbitraje internacional en el CIADI, solicitado en marzo de 2009. No obstante, la relación entre el gobierno bolivariano de Chávez y el CIADI está condenada al fracaso, puesto que el socialismo ve a estos organismos como un mal innecesario y consideran una injerencia en su soberanía que laudos arbitrales los condenen a pagar cuantiosas sumas de dinero a favor de particulares, pues al final del día consideran que el bien común está por encima del bien particular en cualquier circunstancia y sin necesidad de una indemnización puntual y justa.
Parte de la culpa es precisamente de la mala costumbre de estos países, ya que gracias a la falta de independencia judicial, rara vez los tribunales nacionales sentencian a favor de un particular en detrimento del Estado.
Pero la salida del CIADI de países como Ecuador y posiblemente Venezuela no tiene tampoco un gran impacto, puesto que todavía puede permanecer abierta la alternativa de someter al arbitraje internacional en los contratos bilaterales o multilaterales de inversión que las empresas extranjeras realicen con los gobiernos latinoamericanos a la hora de realizar sus inversiones. Al final del día, Chávez y sus aliados saben que sin la alternativa del arbitraje, la inversión extranjera es prácticamente nula y vista la falta de inversión nacional, los gobiernos latinoamericanos tampoco no pueden darse el lujo de darle la espalda a la inversión extranjera.

En fin, el arbitraje como medio de resolución alternativa de conflictos sigue vigente en los países latinoamericanos y el socialismo, si quiere que empresas extranjeras realicen proyectos en sus países, está condenado a someterse al arbitraje para resolver cualquier conflicto. El problema empezará cuando los gobiernos no respeten los laudos arbitrales, pues allí cada día la inversión extranjera será cada vez menor hasta desaparecer. Esperamos que eso no suceda.

Friday, July 31, 2009

Venezuela: The End of Freedom of Speech

The Venezuela Congress is preparing a new law (Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos in Spanish, Project of Law Against Media Crimes in English) to end with freedom of speech in Venezuela. Some days ago, the Chief Prosecutor of Venezuela presented to the Congress her thoughts on the project that is already available to the public. The object of the law is crystal clear: criminalize a variety of conducts (acts and omissions) committed throughout the media, all with the sole purpose of hampering that Venezuelans and the rest of the World have access to information about the severe situation of democracy, human rights, poverty, security, and a variety of other issues going on in the country.

However, according to the project itself the reason behind the law is to achieve a balance and harmony between the rights of freedom of expression and the right to have access to appropriate, truthful and impartial information, all of the above in compliance with Venezuela's Constitution, its laws and the treaties and international agreements subscribed and ratified by the State.

What is beyond any kind of imagination is how come this law is in accordance with Venezuela's Constitution and even further, how the law is not going to challenge the obligations Venezuela has acquired by subscribing and ratifying a multiplicity of international agreements.


First, because the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela guarantees freedom of expression without any possible sort of censorship. This is established on Article 57 and Article 58, which specifically establishes that every person has the right to appropriate, truthful and impartial information, without censorship. The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Venezuela has interpreted this provision, clearly ascertaining that the right of freedom of expression is established to the benefit of the citizens and as such, the right is and should be unrestricted and that the broadcasting of information cannot be censured previously. (Judgement No. 1013, June 12, 2001).

The first provision of this Project of Law Against Media Crimes that is worth revising is Article 4, which defines what should be considered a media crime in Venezuela, paradoxically instituting that it will be a media crime any kind of information that generates a sense of insecurity or impunity. It seems obvious that the government is trying to stop the media from broadcasting news about the prevailing insecurity in Caracas and other cities of the country, especially when you take into account that more people die on a weekend in Caracas, than in the Iraq war. During the ten years of the Bolivarian revolution, little has been done to stop assaults, robberies, kidnappings and numerous murders. President Chávez’s talking has increased the hatred between the rich and the poor ones, prompting this situation, so for him and his interests it is better that Venezuelans and the international community are not aware of such situation.


Articles 5, 6, 9 and 11 of the Project, not only criminalize the broadcasting of false news, but also when media manipulates news or even intimidate or instigate war, hatred, violence or hostility during their daily transmissions. Undoubtedly, false and manipulated news are never good to watch, but the problem here is who is going to determine when information is false or has been manipulated. The large majority of the district attorneys, administrative authorities and the judiciary are willing to follow Chávez and his allies’ orders. Therefore, if the government considers that the news is false (for example, let's suppose that according to the media the number of deaths in Caracas on a particular weekend is different from the official number) sanctions will easily emerge against media, its executives and even the anchorman who gave away the news. Manipulation of news is such a vague term that anyone can be accused of such crime whenever the government (meaning Chávez and his allies) desires to.

The genuine and most direct effect of this Project of Law Against Media Crimes will be a forward and straight harassment hostile to freedom of expression in Venezuela, with censorship rising against a mixture of information that luckily still nowadays can see its way to the Venezuelan public and to the international community. Moreover, the channels to criticize will be lost, extinguishing the opportunity to show the inefficiency and corruption of Chávez's government.

Besides the unconstitutionality of the Project, already explained above, we must remember that Venezuela is not only a party to the United Nations, but also to the Inter-American System of Human Rights, where freedom of expression is equally protected. According to Article 23 of the Venezuelan Constitution, such human rights treaties “have constitutional hierarchy and they prevail in the internal order, insofar as they contain norms more favourable to the established ones by this Constitution and in the laws of the Republic, and they are of immediate and direct application by the courts and other devices of the different branches of the government”.

The Universal Declaration of Human Rights clearly establishes in Article 19 that “everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Likewise, Article 13 of the American Convention of Human Rights determines that:

Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice.

2. The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be subject to prior censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, which shall be expressly established by law to the extent necessary to ensure:

a. Respect for the rights or reputations of others; or

b. The protection of national security, public order, or public health or morals.

3. The right of expression may not be restricted by indirect methods or means, such as the abuse of government or private controls over newsprint, radio broadcasting frequencies, or equipment used in the dissemination of information, or by any other means tending to impede the communication and circulation of ideas and opinions.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public entertainments may be subject by law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to them for the moral protection of childhood and adolescence.

5. Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitute incitements to lawless violence or to any other similar action against any person or group of persons on any grounds including those of race, color, religion, language, or national origin shall be considered as offenses punishable by law.

The Inter-American Court of Human Rights has indicated that those who are under the protection of the Convention must not only have the right and freedom to express, but also the right to look for, to receive and to spread information and ideas of diverse nature. It is for that reason that freedom of expression has an individual and a social aspect. (Ivcher Bronstein. Judgement, February 6, 2001).

Regarding the individual aspect, the Court has said, that freedom of expression does not exhausts in the theoretical recognition of the right to speak or to write, but in addition it understands, inseparably, the right to use any appropriate means to spread information to a vast amount of people. (“La Última Tentación de Cristo”. Judgement, February 5, 2001; Ivcher Bronstein. Judgement, February 6, 2001; Herrera Ulloa. Judgement, August 31, 2004; Palamara Iribarne. Judgement, November 22, 2005).

Concerning the social aspect, the Inter-American Court has noted that freedom of expression is a route to exchange ideas and information among people, and as such, it includes the right to seek information and to communicate to others our own views. Additionally, it implies the right to find out other people opinions. For the common citizen this right has equal importance regarding the awareness of others opinions and the right to disseminate our own opinion. (Ricardo Canese. Judgement, August 31, 2004).

This right has even more importance when we examine the role of the media in a democratic society, since the media are true mechanisms to guarantee freedom of expression, and not vehicles to restrict it, which is why it is essential for the media to collect the most diverse information and views. (Ivcher Bronstein. Judgement, February 6, 2001).

In consequence, the Inter-American Court of Human Rights has understood that the concept of public order demands that within a democratic society, it is mandatory to ensure a vast flow of assorted news, ideas and opinions from different sources, as well as broader access to information. Freedom of expression is included in democracy foundations, and democracy is not conceivable without free debate and dissent. (¨La Colegiación Obligatoria de Periodistas¨. Advisory Opinion OC-5/85, November 13, 1995).

Freedom of speech is so important to democracy that the Court has not hesitated ascertaining the following:

Without effective freedom of speech, materialized in its entirety, democracy vanishes, pluralism and tolerance begin to fade away, the control mechanisms and the complaints of the citizens start to become ineffective and all this situation prompts to the creation of a fertile field for authoritarian systems grow to be rooted in society. (Herrera Ulloa. Judgement, August 31, 2004).

However, the Court has also recognized the possibility to restrict the freedom of speech, but only through a way which should not limit beyond what is strictly necessary and therefore become direct or indirect censorship. (Herrera Ulloa. Judgement, August 31, 2004; Palamara Iribarne. Judgement, November 22, 2005; Ricardo Canese. Judgement, August 31, 2004).


All this case-law or jurisprudence about freedom of expression in international law is very important, though it may feel useless or inapplicable to Venezuela, since its government, unsurprisingly, is not executing the decisions of
the Inter-American Court of Human Rights, and the Constitutional Chamber of the Supreme Court has even exhorted the Executive branch to denounce the American Convention of Human Rights to withdraw the jurisdiction of the Court.

All these details and the Project of Law Against Media Crimes unmistakably show that everyday the Chávez regime is very far away from democracy and there are already enough grounds for the Organization of American States to apply the Inter-American Democratic Charter, specifically Article 20 which states:

In the event of an unconstitutional alteration of the constitutional regime that seriously impairs the democratic order in a member state, any member state or the Secretary General may request the immediate convocation of the Permanent Council to undertake a collective assessment of the situation and to take such decisions as it deems appropriate.

In the mid time, we must remember two things: First, what George Washington said many years ago about freedom of speech:

If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter”.

Second, Venezuelans must always remember what Article 350 of their Constitution states:

The people of Venezuela, true to their republican tradition and their struggle for independence, peace and freedom, shall disown any regime, legislation or authority that violates democratic values, principles and guarantees or encroaches upon human rights.

Thursday, July 30, 2009

Análisis Legal del Golpe de Estado en Honduras


1.- ¿Golpe de Estado? Lo que pasó en Honduras la madrugada del domingo 28 de junio de 2009 fue el inicio de lo que está siendo una de las crisis institucionales más importantes de América Latina este año. Cabe destacar, que los militares hondureños empezaron actuando correctamente, ya que tenían como base legal una orden judicial para arrestar al Presidente Manuel Zelaya por la presunta comisión de varios delitos.

No obstante, una vez que Zelaya abandona el espacio aéreo de Honduras para dirigirse a Costa Rica, las acciones de los militares no parecen estar dentro del marco de la constitucionalidad hondureña. En primer lugar, porque la orden judicial no facultaba a los militares a sacar del país a Zelaya y en segundo lugar, porque la propia Constitución de Honduras establece en su artículo 102 lo siguiente: "Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero".

Luego de analizar la conducta de las Fuerzas Armadas de Honduras y su manifiesta inconstitucionalidad, resulta procedente examinar la conducta del Congreso de Honduras, puesto que fue este Poder el que se reunió en la tarde del 28 de junio para aceptar una supuesta renuncia de Zelaya y para posteriormente emitir un decreto destituyéndolo, y así poder nombrar como Presidente interino a Roberto Micheletti.


La supuesta renuncia pareciera carecer de veracidad alguna, ya que el propio Congreso ni siquiera hace referencia a ella en el decreto mediante el cual nombra a Micheletti y destituye a Zelaya, y el propio presidente en el exilio ha desconocido que esa sea su firma. La aparición sorpresiva de dicha renuncia, por demás, ha traido como consecuencia que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos de América desconozca la autenticidad de dicho documento.

La segunda evaluación jurídica que hay que realizar es si efectivamente el Congreso, de conformidad con la Constitución de Honduras, tiene la facultad de destituir a un Presidente democráticamente electo y además previamente expatriarlo. Sin embargo, cabe antes considerar que esta situación en Honduras no se asemeja a los golpes de estado a los que América Latina está acostumbrada, precisamente porque con el golpe no vemos un cambio radical de autoridades y un gran número de destituciones. Al contrario, la gran mayoría de las autoridades hondureñas permanecen en su cargo e incluso han apoyado la medida ejecutada por las fuerzas armadas de ese país.

Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Honduras, el Fiscal General de la República, la gran mayoría del Congreso e incluso un gran número de autoridades independientes han aplaudido la expulsión de Zelaya y han reconocido la legitimidad del gobierno de facto. De hecho, el único cambio en el gobierno pareciera ser la salida de Zelaya y de su gabinete ministerial.

Entonces, ¿es o no es un golpe de estado?. Aquellos que creen que lo que pasó en Honduras no fue un golpe de estado traen como argumento principal lo establecido en el artículo 239 de la Carta Magna hondureña (aunque esta base legal no fue citada por el Congreso en el decreto de destitución de Zelaya): "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública".

Sin embargo, esta disposición constitucional trae consigo un problema fundamental. La misma no establece a qué organismo del Estado le corresponderá determinar cuándo se ha quebrantado dicha norma y por si fuera poco, no establece un debido proceso para que el ciudadano que haya quebrantado dicha disposición se defienda.

Esto nos lleva a la conclusión de que indudablemente estamos ante un golpe de estado de conformidad con el derecho hondureño, puesto que Zelaya fue destituido formalmente por un Congreso que no tiene la facultad, constitucionalmente establecida, de remover a un Presidente, incluso si se dan las circunstancias del artículo 239 constitucional.


2.- El papel de la Carta Democrática Interamericana. La reacción de la comunidad internacional y especialmente de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya es suficientemente conocida por todos. La destitución de Zelaya y el nombramiento de Micheletti han sido catalogados como un golpe de estado a lo largo y ancho de todo el continente americano, incluyendo a los Estados Unidos de América y organizaciones internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Con base en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, la Asamblea General de la OEA catalogó la situación en el país centroamericano como una alteración inconstitucional del orden democrático y suspendió la participación de Honduras en el organismo.

Esta Carta Democrática Interamericana fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en el año 2001 y aunque no es un tratado, un gran sector de la doctrina la cataloga como un instrumento que interpreta la Carta de la Organización de Estados Americanos que sí es un tratado entre los países que son miembros de la OEA y que por tanto, contiene una clara eficacia jurídica.


Pero es justamente en el marco de la Carta Democrática Interamericana que surge un problema de derecho internacional, ya que los conflictos que surgen en el derecho interno, en donde hay que incluir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una actuación de un Poder Público, corresponde a las propias autoridades internas de un país determinado. El derecho internacional, por su parte, normalmente, impone sus propias normas autónomas para regular las conductas permisibles de un país.

No obstante, la Carta Democrática exige que cada Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, cumpla con su propia Constitución y por ende, surge la obligación internacional del Estado de cumplir con su propia Constitución y una norma que normalmente sería del orden interno de los países, traspasa al ámbito internacional, todo con el objetivo de que exista un fuerza colectiva regional para preservar el orden democrático de la región.

Por consiguiente, y vista la consagración de esta obligación en el orden internacional, en los países miembros de la OEA, ya no depende de las autoridades internas de cada país (entiéndase cualquier organismo judicial) únicamente la determinación de la violación de la constitución, sino que ahora instancias internacionales, otros países de la OEA y especialmente su Asamblea General, tienen la facultad de determinar si un país miembro es coherente con su ordenamiento constitucional. Esto no significa que hay que deshacerse de la opinión de los organismos jurisdiccionales internos a la hora de una determinación de un acto anticonstitucional por parte de un Poder Público, sino que cuando la violación a la Constitución es clara y el efecto que produce antidemocrático, la Carta Democrática Interamericana debe ser puesta en práctica con todas sus consecuencias.


En el caso Hondureño, es claro que estamos ante una violación flagrante de su orden constitucional y que Honduras está incumplimiendo con sus obligaciones internacionales en el marco de la Carta Democrática. Como ya dije anteriormente, el Congreso no cuenta con la facultad para remover al Presidente democráticamente electo sin al menos un procedimiento donde éste tenga derecho a defenderse, y corresponde únicamente a la Corte Suprema de ese país, luego de que el Congreso concediera debida autorización, determinar si definitivamente Zelaya cometió traición y demás delitos al convocar a la consulta. Sin esa determinación previa, no hay destitución que valga.

Los que defienden la constitucionalidad de la destitución de Zelaya hacen referencia a la facultad que tiene el Congreso, de conformidad con el artículo 242 constitucional, de reponer a una Presidente cuya ausencia o incapacidad es permanente o indefinida. Pero la ausencia de Zelaya de Honduras es claramente involutaria y no puede entrar bajo este supuesto.

En todo caso, también argumentan los defensores del régimen de facto, el ya citado artículo 239 constitucional, que contempla que aquél funcionario que proponga abolir la prohibición de reelección indefinida de un Presidente y todos aquellos que lo ayuden, cesarán inmediatamente de sus cargos en las respectivas posiciones. Pero la auto-ejecución de esa disposición constitucional es problemática y confusa, ya que primero habría que ver quién determina si Zelaya efectivamente violó dicha norma y si en efecto lo hizo, ¿cuándo dejó de ser presidente? En todo caso, sigue llamando la atención que el Congreso no se basó en dicho artículo cuando destituyó a Zelaya. Por último, y en clara contravención a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Zelaya fue removido sin que se le respetase su derecho al debido proceso.

Al día de hoy los esfuerzos para restituir a Zelaya como Presidente no han sido satisfactorios. Pero a la luz del derecho internacional y de la democracia, lo más correcto es que Zelaya sea restituido como Presidente de Honduras. Es cierto que a muchos no nos puede gustar esta opción por los nexos políticos de Zelaya, pero si exigimos democracia en algunos países, debemos exigirla en todos. Lo demás es hipocresía.

Thursday, May 7, 2009

The Legacy of Justice David H. Souter to the Judges of the World


The picture above you will certainly change when the Supreme Court of the United States reconvenes in October after summer recess. Justice David H. Souter is retiring from regular services as a Justice. Souter’s retirement gives President Barack Obama his first opportunity to nominate a Supreme Court Justice and the whole nomination-confirmation process will surely be interesting. However, now is time to look back at Justice Souter’s legacy as a Justice, a bequest that is not only to other judges and lawyers of the United States, but also to the judges of the world.

Born September 17, 1939, Souter became Justice of the U.S. Supreme Court in 1990. He attended Harvard Law School, graduating in 1966. Also disliked private practice and began his career in public service as Assistant Attorney General of New Hampshire in 1968. Souter also occupied the Attorney General of New Hampshire office and grew to be a Justice of the Superior Court of New Hampshire, the New Hampshire Supreme Court and the United States Court of Appeals for the First Circuit.


Former President George H.W. Bush nominated Souter as an Associate Justice of the Supreme Court in 1990, shortly after the United States Senate confirmed him by an astonishing vote of 90-9 after the Senate Judiciary Committee reported out the nomination by a vote of 14-3. However, his story is interesting in the sense that at the time of his appointment, his advisers and the conservatives assured former President George H.W. Bush that Souter would be a home run for conservatism.

Initially, from 1990 to 1993, Souter tended to be a conservative-leaning Justice, but then became one of the most reliable members of the court’s liberal wing, prompting the cry of “no more Souters” by Republican activists, dismayed about how George H.W. Bush’s choice had turned out.


Therefore, and as President Obama said, Souter has shown what it means to be a fair-minded and independent judge. He arrived to the Supreme Court of the United States with no particular ideology and no particular commitment to any political party. That was always clear, since, for example, Souter said during his confirmation hearing that he had no agenda on abortion and that the had not made a decision on how he would vote if the issue of Roe v. Wade was put before him.

Justice Souter is also a gentleman and a scholar who sees no need to show that fact off, and he will go down in history as so. Maybe he can be seen as a misfit or a loner, not quite in touch with modern life. The truth is that Justice Souter is respectful but direct while questioning lawyers who appear before the Court, and such activity displays his scrupulous preparation and his mastery of every case at hand. A Justice has to always make tough decisions and possibly gain some enemies for doing so, but there is nothing more important than a respectful judge, one who complies with the law in order to have the moral authority to instruct others to comply with it.

As any other man in the world, Justice Souter can also be examined by his work. And the main job of a Justice is to write opinions. Nevertheless, there isn’t any landmark case with Justice Souter’s majority opinion signature. What we have from his time in Court are 156 majority opinions and 123 dissenting opinions. Worth mentioning are the following cases:

The most remembered case will surely be Planned Parenthood v. Casey where he developed a joint opinion with Justice Kennedy and former Justice O’Connor that practically upheld Roe v. Wade, a case concerning abortion rights. Souter wrote that Roe v. Wade should not be overturned because it would be “a surrender to political pressure”. Other opinion that will always take us back to Justice Souter is his powerful dissent in Bush v. Gore, the 5-to-4 decision that ended the disputed Florida recount in the 2000 presidential election and effectively declared George W. Bush the winner. Souter demanded that the presidential election recount continued in Florida, a position that was not taken by the majority of the Court.


Legal expert Jeffrey Toobin wrote recently that his favorite Souter opinion came in a largely forgotten case named Bowles v. Russell. In that case, Keith Bowles was sentenced to fifteen years to life for a murder in Ohio. He wanted to file an appeal in federal court. The judge told him he had until February 27, 2004, to submit his papers. Bowles’s lawyer turned them in on February 26th. But the judge had made a mistake. The law said that the deadline should have been February 24th.
Should Bowles be allowed to proceed with his appeal, because he had relied on the judge, or should he be barred under a strict reading of the law?
By a vote of five to four, in an opinion by Justice Clarence Thomas, the Court said: The law’s the law. Bowles missed the deadline, which he might consider as he potentially spends the rest of his life in prison.

Souter wrote the dissent for his three liberal colleagues, and for Toobin, the opinion is a lesson in graceful outrage. “It is intolerable for the judicial system to treat people this way, and there is not even a technical justification for condoning this bait and switch,” Souter wrote, “I respectfully dissent.”

Some might think dissents are not important. However, dissents can be a great opportunity to create philosophical ground upon which citizens can advance alternative interpretations of the constitution of their own. For example, let’s take a look to the dissent of Justice Ruth Bader Ginsburg (actually the only woman in the Court) in the pay equity case of Lilly Ledbetter.

Ginsburg, joined by Souter, in dissenting from the majority opinion, which threw out Ms. Ledbetter’s suit because she did not file it as soon as she received her first short-changed pay check. Yet Ms. Ledbetter, an Alabama grandmother, did not learn of the pay disparity she suffered until someone put an anonymous note in her box. Moreover, as Justice Ginsburg explained, women in all-male work force are often scared to make waves.

Justice Ginsburg forceful and passionate dissent helped frame the issue. Her plain language spurred activists, politicians and even the Obama campaign to push Congress to change the law. As a result of this mobilization, the first major piece of legislation signed by President Obama, the Lilly Ledbetter Equal Pay Act, overruled the Court majority’s restricted decision.


It really doesn’t matter that Justice Souter didn’t get to write the majority opinion of any landmark case. What really matters is that Souter was always there to write clear and respectful dissents, which might actually change the legal panorama someday. This proves that Souter consistently defied labels and rejected absolutes, focusing instead in one task: reaching a just result in the case that was before him.

President Obama also said that Justice Souter approached judging as he approaches life, with a feverish work ethic and a good sense of humor, with integrity, equanimity and compassion, the hallmark of not just being a good judge but of being a good person. His retirement has prompted other Justices to praise his job.


Justice Stevens said that he is confident that Souter professional work will be extremely well judged by future historians, while Justice Kennedy preferred a most personal side, saying that Souter is one of the most adept and amusing storytellers he has ever encountered. The Nation, he said, should be grateful always for his integrity and absolute probity, and for his lasting contributions to our law and to the dignity of the United States Supreme Court.

Justice Ginsburg stated that among jurist with whom she have served, Souter is the very best. For her, his level of preparation for the cases is astonishing and he works very hard at getting it right.

What will Justice Souter be remembered for? Certainly, it will not be for an opinion. Instead, Justice Souter will be remembered for being the perfect judge. First, he was an independent Justice, giving no promises to any political party and deciding the case in accordance with the law, not with his beliefs. Second, he was a gentleman, a very private man that took no interests in politics and publicity, because he understood brilliantly the art of being a judge. Third, because of his dissents, always leaving important constitutional doctrine to the people, doctrines that will be revisited and probably adopted in the future. Finally, because he was an excellent jurist who always tried to get the cases right, and above all he was a good friend. The United States Supreme Court will surely miss him.

Souter is an example to all the judges in the world. Every judge must be independent and fair-minded. Every judge must go to the bench with no particular ideology or political commitment but with the vow of applying the law. Every judge must show good manners and while trying to reach a just result, he must be a good person. Judges are the keepers of the law, and with law comes peace, so believe it or not, judges are responsible for delivering peace to every nation and to help counterbalance the abuses of this extremely political driven world.

Monday, May 4, 2009

El Derecho Internacional también regula la Gripe Porcina

Hoy en día la influenza (gripe porcina o gripe H1N1 para los que prefieren salvaguardar la reputación de los animales) es igual de famosa que Michael Jackson o YouTube. El brote de este virus ha causado alarma en todo el mundo, sobretodo porque las autoridades ya se han dado cuenta que por las características del virus es muy probable que la Organización Mundial de la Salud (en lo adelante la “OMS”) decrete una pandemia.

Ahora bien, a pesar de que la última pandemia se remonta al siglo pasado, pocos pero algunos esfuerzos se han hecho para afrontar una nueva catástrofe. Sobretodo a partir del año 2004, en donde parecía inminente la pandemia por la gripe aviar. La epidemia pondrá a prueba todas estas previsiones. Dentro de dichas previsiones, nos encontramos con reglas de derecho internacional, específicamente el Reglamento Sanitario Internacional, adoptado por el OMS en el año 2005.

El objetivo de este post no es otro que revisar esa regulación internacional para destacar sus disposiciones más importantes, además de demostrar que al igual que Michael Jackson o YouTube, el derecho internacional está también en todos lados, y que es una herramienta fundamental para coordinar los esfuerzos internacionales para evitar una pandemia, que sumada a la ya existente crisis económica, podría acabar con el mundo más temprano que tarde.


La OMS ha definido a la gripe porcina como una enfermedad respiratoria grave, contagiada de los cerdos, causada por uno de los varios virus “A”. No es la primera vez que los humanos se contagian de los cerdos, pero el tipo de virus de este última epidemia sí es novedoso.

Solamente al 26 de abril, habían casos confirmados en 19 de los 32 Estados Unidos Mexicanos, 20 casos confirmados en Estados Unidos y 6 casos confirmados en Canadá. La enfermedad también ha llegado a Europa, con brotes en España, Francia, Inglaterra. Otros países que se han visto afectados son Australia, Nueva Zelanda e incluso Hong Kong. El Banco Mundial, en vista de la situación, ha acordado extenderle un préstamo a México por la cantidad de 205 millones de dólares para ayudar a controlar la enfermedad. Esos números han ido incrementando a paso galopante y al día de hoy, en 38 de los 50 estados de Estados Unidos, existen casos de la epidemia.

La particularidad del virus hasta ahora ha sido que más que afectar a personas débiles, ha atacado a personas jóvenes y totalmente saludables, que no es la población que normalmente sucumbe a este tipo de virus. Estados Unidos ha declarado emergencia sanitaria, y en prácticamente todos los aeropuertos del mundo el control es férreo.

En respuesta a esta epidemia, la OMS ha aplicado el Reglamento Sanitario Internacional, que apenas entró en vigencia en el año 2007. Este instrumento internacional fue el producto de más de diez años de negociaciones y esfuerzos para revisar las normas internacionales que tratan el tema de las enfermedades infecciosas y representa una transformación fundamental de la normativa anterior para hacer frente a grandes epidemias mundiales. El brote de la gripe porcina, por tanto, constituye una excelente oportunidad para medir el éxito o no de estas normas y si efectivamente son una herramienta útil para salvaguardar vidas humanas.


La primera figura jurídica que fue utilizada fue la declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esta declaración fue realizada por el Director General de la OMS el 26 de abril del presente año. La base legal para realizar esta declaración es el Artículo 12.1 del Reglamento Sanitario Internacional que define a una emergencia de salud pública de importancia internacional de la siguiente manera:
Es un evento extraordinario que (…) se ha determinado que:

i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y,

ii) podría exigir una respuesta internacional coordinada.
Esta determinación la realiza el Director General de la OMS con la asistencia del Comité de Emergencias, que tiene esa facultad de conformidad con el artículo 48.1.a del Reglamento Sanitario Internacional. En el curso de esta epidemia de la gripe porcina, cabe destacar que el Comité de Emergencias no le recomendó al Director General de la organización elevar el nivel de alerta de Fase 3 a Fase 4 y que ha surgido un nuevo criterio para elevar el grado de alerta, este es, el peligro inminente de una epidemia de mayor gravedad y ya no hace falta esperar a que la enfermedad llegue a los niveles establecidos para aumentar la fase.

Por otra parte, hay que resaltar la facultad del Director General de la OMS para emitir recomendaciones que no son de obligatorio cumplimiento para los Estados. Esta facultad fue puesta en práctica en el curso de esta epidemia, ya que el 25 de abril del presente año, el Director General recomendó a todos los países la intensificación de la vigilancia sanitaria con respecto a los brotes de gripe y neumonía. Este Reglamento Sanitario Internacional, no prohíbe a los Estados a adoptar medidas incluso más estrictas para hacer frente a la enfermedad, siempre que esas medidas sean consistentes con el Reglamento y no sean restrictivas del comercio y turismo internacional.

Con respecto a las restricciones del comercio, hay que destacar que el Director General tiene la facultad de recomendar restricciones si basado en evidencia científica existe un grave peligro de que la enfermedad siga agravándose. En el caso actual, los científicos no han encontrado evidencia científica que los productos porcinos transmitan la enfermedad y por esa razón, esa rama del comercio internacional no se ha paralizado. Sin embargo, hay que destacar que algunos países han tomado esta medida, como por ejemplo Rusia, y esa prohibición podría violar el Reglamento Sanitario Internacional o inclusive las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio, en el caso de que Rusia fuera parte de ella.

Otro tema interesante y de importancia son las restricciones a los viajes. Esa es otra de las facultades el Director de la OMS, que comparte con los Estados Parte de la OMS. Tampoco se ha decidido la OMS a emitir este tipo de restricciones todavía, pero es importante saber que es una posibilidad, siempre y cuando estas medidas no resulten invasivas a la privacidad de las personas y siempre tratando de implementar medidas alternativas que no lleven a medidas tan drásticas, como son los exámenes médicos que ya se están practicando en diversos aeropuertos del mundo.

El derecho internacional de los derechos humanos también juega un papel fundamental en este tipo de epidemias. En vista de que estas enfermedades se transmiten de persona a persona, la epidemia trae como consecuencia medidas como intervenciones, aislamiento obligatorio, cuarentena e inclusive tratamiento compulsivo. Todo este tipo de medidas afectan los derechos civiles y políticos de las personas que se encuentran protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prácticamente es reconocido en todos los países mundo.

El Reglamento Sanitario Internacional permite este tipo de medidas que atentan contra los derechos civiles y políticos de las personas, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) estén prescritas en la Ley;

b) sean aplicadas de forma no discriminatoria;

c) estén relacionadas a un interés superior de proteger la salud pública y;

d) que sean necesarias para lograr la protección del público en contra de la enfermedad.
El año 2009 está siendo bastante difícil para nuestro planeta y sus habitantes. No solamente se sufre una crisis económica sin precedentes, sino que también estamos al borde de una pandemia, una enfermedad de gran magnitud y que además de pobreza puede traer muchas muertes. Sin embargo, el mundo está mucho más preparado que a principios del siglo XX y el sistema de Naciones Unidas ha probado ya ser efectivo para resolver ciertas situaciones. El derecho internacional está una vez más presente para proveer una solución común a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, que sin duda alguna, está viviendo su mayor prueba y que será sometida a escrutinio luego de esta crisis sanitaria. El éxito está garantizado siempre y cuando los países cumplan con estos reglamentos y venzan la burocracia con el objetivo de lograr acuerdos más efectivos para hacer frente a catástrofes de carácter mundial.

Sunday, May 3, 2009

The Gulf of Venezuela & International Law

On a world thirsty for energy, oil is the cause of numerous international conflicts. For example, take Venezuela and Colombia, states that assert sovereign rights over the Gulf of Venezuela, an area with petroleum potential. Their desire for the black gold has not only shaped policy decisions on whether to participate in many international treaties, but has also attempted against their diplomatic and economic relations.

Venezuela and Colombia survived more than three hundred years under Spanish rule before achieving independence in the nineteenth century. Ever since, their representatives have struggled to delineate their jurisdictional boundaries. The negotiations began in 1833 and when they finished in 1941, the neighbors had only settled their land frontier but their marine spaces delimitation remained controversial.

Discussions took place throughout the twentieth century without any arrangement and nowadays, the continental shelf delimitation of the Gulf of Venezuela and the marine rights of a small group of islands located at the entrance to the Gulf are the matter subject of debate.


The history of the dispute is simple. After achieving independence from Spain in 1810, Venezuela and Colombia were part of a nation called Gran Colombia. In 1829, Venezuela separated from Gran Colombia to become an independent nation and incorporated into its Constitution the doctrine of uti possidetis juris of 1810, meaning that the country inherited the original borders of the previous state (meaning, Capitanía General de Venezuela, as it was called before claiming its independence. Colombia did the same and thus, both Colombia and Venezuela’s territorial limits should have remained the same as under Spanish administration. However, the exact borders were impossible to ascertain and the controversy arose.

The first attempt to settle the conflict was in 1833, when Colombia and Venezuela negotiated the Michelena-Pombo treaty. However, the treaty failed despite Colombia’s ratification, since the Venezuela legislature formally rejected the treaty in 1840. Venezuelan Congressmen argued that their country would lose sixty-two miles of coastline, together with its corresponding land. The funny thing these days is that if ratified by the Venezuelan legislature, the Michelena-Pombo treaty would have granted Colombia roughly two-thirds of the Guajira Peninsula but no land with coastline on the Gulf.

Following the failure of Michelena-Pombo treaty came the Spanish Arbitral Award of 1891, arbitration in charge of King Alfonso XII of Spain. In 1885 the Spanish King died and Queen Maria Cristina was the one who handed down the award in 1891. The award designated the starting demarcation on the Atlantic coast on a location that was never found by either of the parties. The imprecision of the Award was an unbeatable obstacle to the correct demarcation.

Colombia and Venezuela also tried a Swiss Arbitral Award, but the real solution came in 1941, with the Santos-López Contreras Treaty, instrument that granted Colombia a small coastline on the Gulf, a marine space that had been traditionally Venezuelan. Nevertheless, such treaty made no reference to the maritime rights in the Gulf and the delimitation of marine and submarine areas between the two states is still an issue.

It is impossible not to resort in international law with the purpose of seeking a legal solution to the dispute. Although international law does not necessarily provide the solution to the problem, a review of the actual international legal order regarding law of the sea is very useful. Traditionally, the territorial sea was considered to extend only three miles from the coastal state baseline. Since mid-twentieth century, most States have claimed a twelve-mile limit and other States, including most of Latin America, have emphasized their rights to a 200-mile territorial sea.

The right to extract minerals from the sea prompted to the creation of the continental shelf as a legal concept. Such concept emerged on the international sphere in 1958, with the appearance of the Geneva Convention on the Continental Shelf. Such Convention, defined the continental shelf in terms of its exploitability rather than upon its geological nature. According to Article 1, the term “continental shelf” refers:
(a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands.
The equidistance provision suffered a review by the International Court of Justice in the North Sea Continental Shelf Cases. The Court held that the use of the equidistance method was not obligatory as between the parties and the principles enumerated in Article 6 of the North Sea Continental Shelf Cases did not constitute customary international law. The Court expressly held:
Delimitation is to be effected by agreement in accordance with equitable principles, and taking account of all the relevant circumstances, in such a way as to leave as much as possible to each Party all those parts of the continental shelf that constitute a natural prolongation of its land territory into and under the sea, without encroachment on the natural prolongation of the land territory of the others.
In 1994 the United Nations Convention on the Law of the Sea (“UNCLOS”) went into effect, and by 2006, 149 countries had ratified it. By defining the concepts of territorial sea, contiguous zone, continental shelf and exclusive economic zone, UNCLOS has brought consistency to the seaward extent of coastal nations’ jurisdictional claims.


Regarding territorial sea, UNCLOS sets a twelve-mile limit. Its Article 3 establishes that all States have the right to establish the breadth of the territorial sea up to a limit not exceeding twelve nautical miles from the baselines. Still, under the new twenty-four mile limit, the concept of contiguous zones has acquired relevance, and in 1997 more than fifty states had claimed a contiguous zone.

UNCLOS fails to provide a solution to the Gulf problem, especially since neither Colombia nor Venezuela is party to it. Nevertheless, it is important to remember that the 1958 Continental Shelf Convention might still bind both countries, particularly because States are bound by customary international law.

Going back to our central issue, is very important to keep in mind that the Gulf is of vital economic importance to Venezuela, since navigation rights are crucial to minimize oil transportation costs. The Gulf is the only route connecting Lake Maracaibo with the Caribbean Sea and world oil markets. Moreover, the city of Maracaibo is significant because it holds one of the four major Venezuelan oil fields, and Maracaibo is very close to the Texas Port. Therefore, if Colombia were to have sovereign rights on the Gulf and proceeded unilaterally to exploitation of its oil reserves, it would obstruct the shipping lanes of Venezuelan oil tankers leaving Maracaibo.

Colombia position is a line that divides the Gulf in half between the opposite peninsulas of Guajira and Paraguaná and then apply the equidistant principle between the adjacent States, starting at Castilletes. Such proposition is legally based on Article 6 of the Continental Shelf Convention. Venezuela counters that the equidistant principle is not the obligatory method of delimitation by referring to the ICJ decision on the North Sea Continental Shelf cases.

International law does not provide an answer to the maritime boundary dispute. No treaty article on continental shelf delimitation is binding concurrently upon Venezuelan and Colombia. Although both nations ratified the 1958 Continental Shelf Convention, Venezuela made a reservation to Article 6, which relates to the means used in delimiting continental shelf areas.

The Venezuelan delegate back then, mentioned that among the reasons for this reservation was the existence of “special circumstances” in the Gulf of Venezuela. Venezuela’s purpose in rejecting this provision was to exclude the principle of equidistance as the mandatory method of delimitation.

Additionally, there is not common understanding of customary maritime delimitation law and neither States are subject to the International Court of Justice compulsory jurisdiction, so it is impossible that the controversy will be solved by the Court without the express consent of both states.


The truth is that Colombia and Venezuela need oil. Both are important oil producers and Venezuela’s petroleum industry constitutes more than three-quarters of total Venezuelan export revenues, about half of total government revenues, and about one-third of the GDP. In order to maintain a solvent government and to preserve Chávez’s popularity through the funding of social programs, it is imperative that Chávez continues to pursue profitable oil undertakings. On the other hand, Colombia is the third largest Latin American oil exporter and has consistently been one of the United States’ top ten suppliers. Oil exportation provides a third of Colombia’s revenue, making it its number one exporting commodity.

Oil is power and the maritime delimitation between Colombia and Venezuela is a proof of such assertion. Anyhow, it is important to acknowledge that many times international law does not provide an answer to conflict between States and only the determination of the governments to solve the struggles will make a difference. If Chávez’s government gives away maritime rights, Venezuela and all the next governments will be forever bound to respect such agreement. It would be another disastrous legacy of Chávez and his fellows.

Tuesday, April 21, 2009

Reconciliación de Estados Unidos con el Derecho Internacional


Ya han transcurrido tres meses desde que Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos. Cada vez se nota más que hay una nueva administración en Washington, D.C., pero en el ámbito del derecho internacional el cambio ha sido categórico. Francamente, considero que para mejor, ya que la política exterior de la administración Bush dejó mucho que desear, sobretodo, en relación al respeto de una superpotencia como Estados Unidos frente al derecho internacional y los derechos humanos.

Esta situación era de esperarse toda vez que durante la campaña el entonces senador Obama y el senador McCain tenían visiones opuestas con respecto al derecho internacional, toda vez que el propio McCain defendía mucha de las erradas políticas del ya ex-presidente George W. Bush. Sin querer entrar en un análisis profundo del tema, ya que es muy temprano para ello, pues la nueva administración no hay tenido tiempo de tratar con temas álgidos de su política internacional como lo será el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, es momento de explicar los cambios más importante del Presidente Obama y su equipo con respecto al derecho internacional durante estos primeros meses.


La primera medida que llegó a nuestros oídos fue la firma del decreto por parte de Obama para cerrar el centro de detención en Guantánamo, Cuba. Ese decreto claramente ordena a la Comisión Militar de Guantánamo a suspender sus procedimientos en contra de los detenidos y a cerrar la sede del centro de detención en el plazo de un año. Era la reacción de Obama y su administración luego de las fuertes críticas de las que fuera objeto el centro de detención durante la presidencia de Bush, ya que bajo la extraña figura de los “enemigos combatientes” (que será explicada más adelante), dicha administración logró que esos prisioneros, presuntos terroristas, no disfrutaran de los derechos de las Convenciones de Ginebra sobre el derecho de la guerra, es decir, no disfrutaran de sus derechos como “prisioneros de guerra”.


Ese torpe artificio de George W. Bush y sus asistentes duró hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos en su decisión del caso Hamdan v. Rumsfeld en el año 2006, declaró que todos los detenidos de Guantánamo, aunque presuntos terroristas, debían gozar de las mínimas protección del Artículo Común 3 de las Convenciones de Ginebra, que claramente establece:

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

Es claro el mensaje que envía Obama al cerrar Guantánamo, sobretodo luego de las críticas de que fuera objeto el centro de detención y los grandes abusos a los derechos humanos. Aunque el decreto no establece claramente qué sucederá con los detenidos luego del plazo de un año, se ha conocido que Estados Unidos está negociando con varios países del mundo para enviar a estos presuntos terroristas a sus jurisdicciones, ya que muchos prisioneros tienen miedo de que sean objeto de tortura o incluso linchamiento si vuelven a sus países.

Como una medida complementaria al cierre de Guantánamo, la administración anunció hace algunas semanas que la CIA ya no usaría sus sedes en el exterior de Estados Unidos para conducir interrogatorios en donde mantenía prisioneros importantes de Al Qaeda. Estas medidas también son recibidas con beneplácito, ya que los métodos de interrogación utilizados por la CIA no fueron los más correctos. Sólo basta recordar las impresionantes fotos publicadas en el New York Times y Washington Post del centro de reclusión de Abu Ghraib.


Sin embargo, tal medida dejó un cabo suelto con respecto a la responsabilidad de Estados Unidos por estas prácticas ilegales, después de que claramente se estableciera que los agentes de la CIA que fueron partícipes de dichos interrogatorios no serían investigados ni tampoco sancionados. En un primer momento esa fue la posición de la administración de Obama, aunque hace pocos días, el Presidente pareciera haber abierto de nuevo la compuerta para el enjuiciamiento de los responsables de estas prácticas inhumanas.

Por otra parte, a partir de ahora, el submarino, o lo que en inglés se conoce como waterboarding, es considerado como tortura en la nueva administración y además, ahora está totalmente prohibido de cualquier tipo de interrogatorio que realice cualquier dependencia de la administración. Este es un avance fundamental en el derecho internacional, ya que en existe una prohibición absoluta de torturar de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta obligación también es costumbre internacional.


Sin embargo, los cambios que se han dado no han sido sólo ha sido de cerrar instalaciones y aspectos relacionados con la tortura, sino también un cambio ideológico, que se refleja en las diferentes terminologías que han sido abandonados o modificadas. Ya Estados Unidos no habla de la guerra contra el terrorismo (war on terror), sino de la “operación contingente en el exterior” (overseas contingency operation). Además de esta diferencia, también nos encontramos con que ya no se utilizará el término “enemigo combatiente” (enemy combatant). No obstante, es importante destacar que un efecto de este término todavía se mantiene por parte de la nueva administración, siendo éste que el Presidente, de conformidad con un estatuto emanado del Congreso, todavía tiene autoridad para mantener recluido a sospechosos del terrorismo y estos sospechosos no tienen el derecho de cuestionar dicha detención ante las autoridades norteamericanas.

Otro tema de interés es el de las armas nucleares. Claramente, la administración de Obama busca eliminar las armas nucleares y sobretodo controlar su uso por parte de países que no son precisamente aliados a sus intereses. Por lo tanto, la administración ha declarado que está dispuesta a dar el primer paso en esta dirección, pero dicha medida todavía no se ha concretizado. Sin duda alguna, el hecho de que Estados Unidos tome el primer paso en la eliminación de armas nucleares es de gran peligro, sobretodo luego de los grandes avances de sus enemigos en esta materia como lo son Corea del Norte e Irán. En todo caso, al parecer ha llegado a Washington esa vieja filosofía de liderar con el ejemplo, o para adecuarlo a la jerga imperialista, "lead by example".


Por último, y como signo indudable de un nuevo futuro entre Estados Unidos y el derecho internacional, tenemos no solamente de que se ha prohibido la tortura, sino que Estados Unidos será candidata para una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aquí los Estados Unidos podrán ayudar en la promoción de los derechos humanos en el plano internacional. Ahora que sus políticas están un poco más cónsonas con el derecho internacional de los derechos humanos, la administración de Obama quiere colaborar con el esfuerzo de asegurar los derechos humanos de los ciudadanos del mundo desde una tribuna internacional como lo es la ONU. Esta medida, contraviene claramente la era Bush, especialmente luego de que el propio ex-presidente le diera la espalda a este Consejo por la fuertes críticas recibidas en el seno de dicho Consejo.


La recuperación de la economía será lenta y difícil. Nadie duda de que esa debe ser la prioridad del Presidente Obama y su administración. Sin embargo, el Presidente Obama también tiene la oportunidad de cambiar muchas cosas distintas a la economía, como por ejemplo, la actitud de Estados Unidos hacia el derecho internacional. Ya ha empezado a hacerlo, construyendo un camino mucho más lógico y coherente con la normativa internacional. Estados Unidos no solamente debe imponer una agenda debido al gran poder que tiene, sino que sus proposiciones y solicitudes deben de venir de la mano con ese elemento moral que le permita exigir de una manera franca el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Inteligentemente, el Presidente Obama ha empezado con esa vuelta al camino correcto que permitirá fortalecer la política exterior de Estados Unidos y que con el paso del tiempo también permitirá que Obama y su administración exijan mayores compromisos a los gobiernos que cada día se alejan más del camino democrático y del respeto a los derechos de sus ciudadanos.