El día de hoy, 03 de marzo de 2016, la oposición venezolana, a través de un acuerdo aprobado en la Asamblea Nacional que controla desde el mes de enero, acordó denunciar ante la Organización de Estados Americanos (“OEA”) la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limitó severamente sus facultades de control político y solicitar “que se aplique el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.
Asimismo, la Asamblea Nacional acordó exhortar al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para que se active el mecanismo que prevé dicha Carta “al haberse violentado el orden constitucional”.
Efectivamente, el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana permite que cualquier Estado Miembro de la OEA o su Secretario General soliciten la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para evaluar una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en alguno de los Estados Miembros. En este caso, dicha alteración sería la evidente falta de separación e independencia del Poder Judicial.
En consecuencia, la oposición ha considerado que la mejor posibilidad para que la OEA evalúe la situación en Venezuela es que Luis Almagro convoque al Consejo Permanente. No obstante, si Almagro considera conveniente tomar esta medida, lo más probable es que previamente consulte con los Estados Miembros para tantear si hay disposición para realizar dicho Consejo.
En caso de que efectivamente llegare a realizarse, es importante tener en cuenta que conforme al propio artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el Consejo Permanente lo que podría disponer es que se realicen gestiones diplomáticas para promover la “normalización de la institucionalidad democrática”. En pocas palabras, lo único que podría hacer la OEA (a través de sus Estados Miembros) es presionar diplomáticamente para que el Tribunal Supremo de Justicia revierta su decisión.
Si ello no diere resultado, el Consejo Permanente podría convocar a una Asamblea General de la OEA, la cual, una vez que constate que existe una ruptura del orden democrático, podría tomar la decisión de suspender a Venezuela de su participación en la OEA, siempre que dos tercios de los Estados Miembros estén de acuerdo.
No sólo es poco probable que al final dos tercios de los Estados Miembros estén de acuerdo con suspender a Venezuela de su derecho a participar en la OEA, sino que esa medida no tendría grandes consecuencias en el ámbito político interno. No es una exageración pensar que al gobierno de Nicolás Maduro ya poco le importa si puede o no participar en la OEA. De hecho, para ello se ha ido preparando a través de los años, promoviendo otras organizaciones internacionales regionales que según su criterio son “más legítimas”.
Por ende, para solventar este nuevo desconocimiento de la democracia por parte del gobierno venezolano, la oposición va a tener que ser un poco más creativa a la hora de buscar soluciones. Es muy difícil que, a estas alturas, las soluciones vengan dadas desde el ámbito internacional.
