Auditoría electoral en Venezuela debe estar en manos de la comunidad internacional

A pesar de las miles de denuncias de irregularidades cometidas por partidarios del gobierno en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril de 2013 en Venezuela, todo esto con la omisión cómplice de las fuerzas armadas de frenar dichos abusos, el propio Consejo Nacional Electoral (“CNE”) reconoció que la diferencia entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles es de apenas 1,58%. 

Entre las denuncias más graves: Motorizados armados, afectos al gobierno, rondaron los centros electorales para intimidar a la población.

Por ello, es absolutamente necesario adelantar una auditoría del 100% de los votos, en donde se proceda al conteo manual de cada una de las papeletas que emitieron las máquinas de votación, así como de los cuadernos electorales. Visto que la Presidenta y otras rectoras del CNE decidieron no acompañar al rector Vicente Díaz en este llamado, la auditoría debe ser realizada por una misión internacional designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (“ONU”) con exclusión total del CNE, o en su defecto por una misión independiente de la Organización de Estados Americanos (“OEA”). 

Tal y como lo reconoce el párrafo 119 del Documento de Resultados de la Cumbre Mundial de Estados (A/RES/60/1), la democracia es uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles de la ONU. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1948, y cuyas obligaciones son obligatorias para todos los Estados pues tienen el rango de costumbre internacional, proyectó claramente el concepto de democracia declarando que “la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. 

Adicionalmente, el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), ratificado y por ende obligatorio para Venezuela, establece la base jurídica de los principios de democracia con arreglo al derecho internacional, y específicamente en su artículo 25 consagra el derecho al voto y a ser elegido en elecciones periódicas genuinas que se realizarán mediante el sufragio universal e igual y tendrán lugar por voto secreto, garantizando la libre expresión de la voluntad de los electores. 

La ONU tiene los medios para llevar adelante dicha auditoría a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (“PNUD”), el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Departamento de Asuntos Políticos, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (“OACDH”). 

No cabría duda de la imparcialidad de una misión de esta naturaleza, especialmente considerando que entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad están China y Rusia, quiénes ya han reconocido a Maduro como Presidente a pesar de las gravísimas denuncias que existen por parte de la oposición. 

La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente, por lo que como venezolano hago un llamado categórico al Consejo de Seguridad de la ONU y a las autoridades de la OEA para que se activen los mecanismos pertinentes para que se conforme la misión que viaje a Venezuela a la brevedad posible a los efectos de adelantar el conteo manual de voto por voto y dilucidar de una vez por todas, quién gano las elecciones en Venezuela.