En la recién
aprobada “Ley para la Defensa de los
Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela de 2014”, explicada ya en
detalle aquí, el Congreso de Estados Unidos también ordena a la Administración
Obama estudiar y emitir un reporte sobre los esfuerzos del gobierno
estadounidense para ayudar a los ciudadanos venezolanos a sortear la censura
impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro.
Específicamente,
el proyecto de ley que ahora sólo espera la firma del Presidente Obama, ordena
al director de la Broadcasting Board of Governors (la agencia federal del gobierno de Estados Unidos encargada de
supervisar todas las transmisiones de radio y televisión del gobierno federal)
emitir (a más tardar 30 días después de la entrada en vigencia de la Ley) un
reporte sobre los siguientes asuntos:
(1) Una evaluación
exhaustiva de los obstáculos gubernamentales, políticos y tecnológicos que
enfrenta el pueblo de Venezuela en sus esfuerzos para obtener información
precisa, objetiva y completa de noticias e información sobre asuntos nacionales
e internacionales;
(2) Una evaluación
de los esfuerzos actuales en materia de radiodifusión, distribución de
información y de tecnología en Venezuela por parte del gobierno de los Estados
Unidos; y
(3) Una estrategia
para ampliar dichos esfuerzos en Venezuela, incluyendo recomendaciones para
medidas adicionales que permitan ampliar los esfuerzos actuales para hacer
frente al problema de la censura en los medios de comunicación.
Presumiblemente,
se trata del primer documento oficial del gobierno de Estados Unidos que
reconoce que ya existen esfuerzos de dicho gobierno para ayudar a la sociedad
civil venezolana a combatir la censura mediática que existe actualmente en
Venezuela.
Ya en el mes de
abril de 2014, el Secretario de Estado norteamericano, John Kerry, señaló que “el gobierno de
Nicolás Maduro ha bloqueado el acceso a determinados sitios web y limitó el
acceso a la internet en algunas partes del país como parte de la represión que
viene empleando contra los estudiantes desde el inicio de las protestas en
febrero de este año”.
Desde el punto
de vista del derecho internacional, será sumamente interesante ver si el
gobierno de Estados Unidos finalmente toma medidas para sortear el cerco
mediático existente en Venezuela. Existen precedentes a tal efecto, en donde
misiones de paz de la Organización de Naciones Unidas o el propio gobierno de
Estados Unidos han creado al menos estaciones o programas de radio que pueden
escucharse en el territorio de otros países sin el consentimiento de sus
gobiernos, para llevar a la población información veraz y oportuna sobre lo que
está sucediendo. No obstante, en la mayoría de los casos, dicha
estrategia ha estado limitada a situaciones de conflictos armados.
La
implementación de una alternativa de ese estilo generaría fuertes tensiones
entre la soberanía del Estado venezolano y la legalidad del uso del espacio y
el espectro radioeléctrico por parte de otros Estados para transmitir información
veraz, especialmente si se considera que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado suscrito y ratificado por Venezuela, reconoce el derecho humano a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento.
Habrá que
esperar entonces las conclusiones del reporte antes referido para poder evaluar
el posible escenario en detalle. Por ahora, será interesante ver las reacciones
del gobierno venezolano ante la posibilidad que ha planteado la Ley
recientemente sancionada por el Congreso de Estados Unidos.
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