Mucho se ha
escrito los últimos días sobre quién fue Hugo Chávez y lo que representó para Venezuela y el mundo. Sin embargo, más allá de las discusiones actuales que se están dando
sobre cómo debe subsanarse la situación excepcional en la que se encuentra el
Poder Ejecutivo en estos momentos, poco se ha dicho sobre cuál fue el legado de
Hugo Chávez, Presidente de Venezuela desde el año 1999, desde el punto de vista
jurídico.
En tal sentido, a continuación se examinan tres elementos específicos en donde la influencia de Chávez fue considerable: (i) la aprobación de una nueva Constitución en el año de 1999; (ii) el ejercicio de Chávez de delegaciones legislativas por parte de la Asamblea Nacional; (iii) y la independencia del Poder Judicial bajo el gobierno del primer mandatario venezolano.
Una nueva
Constitución
Quizás la
propuesta más importante con la que Chávez accedió a la Presidencia fue la de
modificar la norma fundamental que regula la vida de los venezolanos. Así,
luego de prestar juramento como Presidente bajo la ahora extinta Constitución
de 1961 a la que llamó “moribunda”,
con la venia de la Corte Suprema de Justicia de aquélla época logró convocar
una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de redactar y aprobar una nueva Carta
Magna.
El propio
Chávez presentó una propuesta que fue discutida por una Asamblea Nacional
Constituyente con miembros fundamentalmente afectos a los intereses del
Presidente y posteriormente aprobada por la mayoría de los electores.
En comparación
con la Constitución anterior, la Constitución de 1999 trae diversos elementos
que permiten concluir que las verdaderas pretensiones de Hugo Chávez desde un principio eran concentrar la mayor cantidad posible de poder en sus manos.
Así, la Constitución dispuso por primera vez
un período presidencial de 6 años, el cual en nuestra opinión resulta excesivo, previendo además
la posibilidad de que el Presidente pudiese ser reelegido por un período
igual. Esto difiere de la consagrado por ejemplo en Argentina (período de 4
años con posibilidad de reelección); Brasil (período de 5 años con posibilidad
de reelección); Colombia (período de 4 años con posibilidad de reelección).
Chile, por ejemplo, prevé un período de 6 años, pero sin posibilidad de
reelección. A pesar de también cambiar el nombre oficial del país a “República Bolivariana de Venezuela”,
pareciera que, en este aspecto, la propuesta de Hugo Chávez olvidaba así lo dispuesto por Simón
Bolívar en el Congreso de Angostura en 1819:
“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente.”
Además de dicho aspecto, la Constitución de 1999 eliminó la figura del Senado, creando así una
sola cámara en el Poder Legislativo, lo que genera menos control sobre los
instrumentos legales que son aprobados. También se sustrajeron competencias a los
Estados y Municipios para concentrarlas en el Poder Nacional; se creó la figura
del Vicepresidente Ejecutivo pero sin ser un cargo sujeto a elección popular
sino de simple nombramiento por parte del Presidente y se previó una amplia
posibilidad de otorgar delegaciones legislativas al Ejecutivo Nacional para que
fuera él quien legislara rápidamente.
Delegación
legislativa
El Presidente
Chávez fue beneficiario de varias delegaciones legislativas por parte del Poder
Legislativo. Así, el Poder Legislativo, en nombre de la Constitución, le otorgó
la facultad a Chávez de legislar en prácticamente cualquier materia, lo que
trajo además consigo que se obviaran garantías obvias para la ciudadanía como
los procedimientos de consulta pública. Estos procedimientos tienen como finalidad que los ciudadanos tengan derecho
a conocer qué es lo que se pretende convertir en ley y participar
activamente en las discusiones para determinar qué es lo más conveniente desde
el punto de vista legal.
De esta manera, solamente teniendo en cuenta su última
delegación legislativa que culminó a mediados de 2012, Chávez aprobó 54 leyes,
de las cuales 35 fueron legislaciones inéditas y 19 fueron reformas de leyes
existentes. Además de estas 54 leyes, Chávez utilizó poderes especiales para
dictar leyes en los años 2000, 2001 y 2008, períodos en los cuales aprobó 165
leyes, llegando así a una totalidad de 219 leyes, cifra preocupante cuando se
tiene en cuenta que la función de un verdadero Poder Ejecutivo se circunscribe
a ejecutar las leyes, no a dictarlas.
Independencia
Judicial
Fue la propia
Asamblea Nacional Constituyente la que declaró al Poder Judicial en emergencia
y ordenó su reorganización, estableciendo una Comisión de Emergencia Judicial
cuya competencia fundamental era elaborar un Plan Nacional de Evaluación y
selección de jueces. Ese decreto eliminó
la estabilidad que ordenaba la ley para los jueces que ya estaban en sus cargos.
Una vez
aprobada la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente creó la Comisión
de Funcionamiento y Reestructuración Judicial, quien tenía la facultad de
nombrar y remover a jueces hasta tanto no se aprobara la legislación
correspondiente para crear los tribunales disciplinarios correspondientes. A
pesar de ser una Comisión que en principio era transitoria, la misma estuvo en
funcionamiento por más de 10 años, ya que los tribunales disciplinarios se
establecieron finalmente en el año 2011.
En
consecuencia, por más de 10 años el nombramiento y remoción de jueces estuvo a
cargo de una Comisión transitoria quien simplemente nombraba jueces con
carácter provisorio. Por si fuera poco, tal y como lo ha reconocido
el propio Estado en el caso de Mercedes Chocrón Chocrón ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, muchas veces los jueces fueron nombrados sin que se examinara
detalladamente si los candidatos cumplían los requisitos mínimos para asumir sus cargos
como jueces.
Entre 2002 y
2004, la cantidad de jueces provisionales constituyó el 80% del sistema
judicial venezolano y en 2010, todavía era de un 56%. Actualmente, cualquiera
que consulte la página web del Tribunal Supremo de Justicia puede observar que
la mayoría de los jueces que tenemos en Venezuela son de carácter provisorio,
lo que significa en pocas palabras que pueden ser fácilmente removidos si
dictan una decisión que es ajena a los intereses del gobierno.
Todo esto
ocurrió bajo las propias narices y con el consentimiento de Hugo Chávez, quien
incluso fue más allá en casos emblemáticos como el de María Lourdes Afiuni, en
donde en cadena de radio y TV, llamó a la Jueza una "bandida", solicitando así la
pena más alta – 30 años de cárcel – como castigo e instruyendo directamente a
la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa E. Morales y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para que mantuvieran a Afiuni
presa.
Otro caso
emblemático fue el de los ex–jueces de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, quienes decidieron que los médicos cubanos debían obtener la
reválida para ejercer la profesión en Venezuela. El 24 de agosto de 2003,
durante un Aló Presidente, el propio Chávez criticó abiertamente la decisión de
la Corte Primera, llamando a desconocerla abiertamente e insultando a los jueces que
suscribieron dicha decisión.
El 24 de marzo
de 2007, Chávez fue inclusive más allá, sosteniendo que cuando los jueces no
decidieran a favor de los intereses de la revolución, estaban “traicionando al pueblo”. Por si fuera
poco, al día siguiente, Chávez sentenció: “ni
el Tribunal Supremo, ni cualquier otro Juez puede actuar a espaldas de la
revolución y su líder”.
Para 2009, las
amenazas del entonces Presidente de la República ya habían surtido efecto, tal
y como lo demuestran declaraciones de la Presidenta del Tribunal Supremo de
Justicia a quién se le oyeron declaraciones sosteniendo que: “ya no podemos pensar en la división de
poderes, porque ese es un principio que debilita al Estado”.
Posteriormente, en 2011 y durante la inauguración del año judicial, el
Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba, declaró que “el Poder Judicial tiene la obligación de contribuir para la ejecución
eficiente, dentro de sus poderes, de las políticas del gobierno”, buscando
llevar a cabo “acciones deliberadas y
planeadas hacia el socialismo bolivariano y democrático”.
La evidencia
definitiva de la destrucción de la independencia del Poder Judicial durante el
gobierno de Hugo Chávez la confirmó Eladio Aponte Aponte, quien fue Magistrado
del Tribunal Supremo de Justicia hasta el 20 de marzo de 2012. El propio
ex-Magistrado ha reconocido que su llegada al más alto tribunal del país se
debió a su “lealtad al gobierno”, reconociendo
así que no existe independencia entre los poderes públicos en Venezuela lo que
según su criterio se evidencia con hechos como los siguientes: (i) reuniones
periódicas entre altos funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial para
establecer los lineamientos del sistema de justicia; (ii) llamadas directas de
Chávez a miembros del Tribunal Supremo para dar órdenes sobre el resultado de
los casos; (iii) remoción de jueces que no cumplan con órdenes del alto
gobierno, incluyendo de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; (iv) la
existencia de mafias de extorsión y corrupción dentro del Poder Judicial; y (v) la existencia de presos
políticos, es decir, personas que están presas no porque se demostró efectivamente
que cometieron un crimen sino por órdenes de altos funcionarios del gobierno.
Estos tres
elementos ilustran cuál fue el legado del gobierno de Hugo Chávez desde el
punto de vista jurídico y ofrecen elementos de sobra para preocuparse por el
futuro de Venezuela ahora que ha ocurrido su fallecimiento. Venezuela vive sus
momentos institucionales más difíciles y si el propio Chávez dio el ejemplo de no
cumplir con una Constitución que él mismo propuso, dudamos que sus partidarios
retomen la senda de la legalidad en el país. Cada día hay menos duda de que estamos
viviendo el fin de la democracia en Venezuela.
