Esta breve investigación fue desarrollada a los fines de ser expuesta en el foro Desafíos Jurídico-Institucionales en el marco del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, celebrado en la Universidad Católica Andrés Bello durante el día 16 de junio de 2010. La misma será publicada en tres partes.
I.- EL 19 DE ABRIL DE 1810: CAÍDA DEL REINO DE ESPAÑA EN VENEZUELA Y EL NACIMIENTO DEL REINO DE LA LEY
De las fechas patrias que celebramos año tras año, son pocas las que tienen igual o mayor trascendencia que el 19 de abril de 1810. Jurídicamente, tal fecha representó el primer acto constituyente de un nuevo gobierno y el inicio de la conformación jurídica de un nuevo Estado. Como primer hito de nuestra historia republicana, el 19 de abril de 1810 fue el día en el que se sentaron las bases de una nueva Venezuela, cuyos pilares fundamentales fueron los principios de soberanía y representación nacional.
Así, el Cabildo, recién erigido en Junta Suprema de Venezuela Conservadora de los Derechos de Fernando VII, desconoció la autoridad de la Junta Central Española, precisamente porque su autoridad no emanaba originariamente de otra cosa que de la aclamación de algunas capitales de provincias, y porque jamás habían tenido los habitantes, en dicha Junta Central, la parte representativa que legítimamente les correspondía.
De las fechas patrias que celebramos año tras año, son pocas las que tienen igual o mayor trascendencia que el 19 de abril de 1810. Jurídicamente, tal fecha representó el primer acto constituyente de un nuevo gobierno y el inicio de la conformación jurídica de un nuevo Estado. Como primer hito de nuestra historia republicana, el 19 de abril de 1810 fue el día en el que se sentaron las bases de una nueva Venezuela, cuyos pilares fundamentales fueron los principios de soberanía y representación nacional.
Así, el Cabildo, recién erigido en Junta Suprema de Venezuela Conservadora de los Derechos de Fernando VII, desconoció la autoridad de la Junta Central Española, precisamente porque su autoridad no emanaba originariamente de otra cosa que de la aclamación de algunas capitales de provincias, y porque jamás habían tenido los habitantes, en dicha Junta Central, la parte representativa que legítimamente les correspondía.
Por lo tanto, hace ya un poco más de 200 años brotaba en esta tierra la idea de que la soberanía reside en el pueblo, y finalizaba así el absolutismo que había imperado durante tantos años. No obstante, nacía un nuevo imperio, el imperio de la Ley, el cual tristemente todavía está lejos de consolidarse, como se evidencia de uno de los principales, quizás el más importante de todos, desafío jurídico-institucional que aqueja hoy a la República: la independencia de nuestro Poder Judicial.
1.- Del absolutismo al Estado de Derecho y sus consecuencias jurídicas
La gesta independentista, aunque un hecho más de corte político que jurídico, se inspiró en los ya referidos principios de soberanía y representación nacional, lo que lleva a la conclusión inmediata de que a partir de entonces, los gobernantes debían ejercer un mandato concedido por el pueblo, pero en forma delimitada, delimitación que estaría consagrada en la Ley.
Tal idea, claro está, había sido consagrada ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, específicamente en su Artículo 3, el cual establece que “el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane de ella expresamente”. Es muy importante hacer referencia también al Artículo 6 de la misma Declaración, el cual dispone que “la Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en su elaboración personalmente, o por medio de sus representantes”.
1.- Del absolutismo al Estado de Derecho y sus consecuencias jurídicas
La gesta independentista, aunque un hecho más de corte político que jurídico, se inspiró en los ya referidos principios de soberanía y representación nacional, lo que lleva a la conclusión inmediata de que a partir de entonces, los gobernantes debían ejercer un mandato concedido por el pueblo, pero en forma delimitada, delimitación que estaría consagrada en la Ley.
Tal idea, claro está, había sido consagrada ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, específicamente en su Artículo 3, el cual establece que “el principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane de ella expresamente”. Es muy importante hacer referencia también al Artículo 6 de la misma Declaración, el cual dispone que “la Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en su elaboración personalmente, o por medio de sus representantes”.
Con la adopción de estos principios, quedaba desmontada así, en el ordenamiento jurídico venezolano, la antigua idea de que la soberanía estaba en manos de un sólo ser humano, el cual podía concentrar todos los poderes y ser, en nuestro caso, el Rey de España. Se sustraía así la corona del Rey para ponerla en cabeza del pueblo, e inéditamente se entendía que la soberanía podría delegarse en los representantes, pero siempre en el entendido de que la misma emanaba del pueblo. Tal delegación, se haría mediante la Ley, la cual fue entendida como la expresión de la voluntad general, por lo que, a partir de entonces, la misma regirá y someterá a todos, en particular a los agentes o administradores que conforman el también delegado Poder Ejecutivo, pudiendo sólo actuar en virtud de la Ley. Es precisamente tal idea, la base fundamental de lo que conocemos hoy en día como un Estado de Derecho, frecuentemente representado bajo la idea de un gobierno de leyes, no de hombres.
2.- Las Revoluciones Francesa y Americana: la idea del imperio de la Ley
Todas estas ideas que fueron adoptadas durante nuestra gesta independentista, como hemos podido ver, no fueron de carácter inédito para aquélla época. Antes bien, fueron tomadas de las Revoluciones Francesa y Americana, las cuales sucedieron varias décadas antes de que llegará aquél día clave de nuestra gesta independentista.
Es precisamente la idea del imperio de la Ley la que más nos interesa a los fines de hacer referencia a ese desafío jurídico institucional del cual somos deudores todos los operadores de justicia de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que precisamente en un sistema en donde la soberanía reside en el pueblo, surge la figura del juez, como ese funcionario llamado a ser la boca que pronuncia las palabras de la Ley.
Conviene entonces detenerse en las implicaciones del principio de legalidad, entendido éste como el “reino de la Ley”, principio fundamental de la Revolución Francesa. Bajo el absolutismo al cual estaba sometida Venezuela, el Rey ostentaba una posición de superioridad ilimitada, en ningún modo sometida a la Ley, por lo que el reino del Rey de España, no era, un imperio de leyes, sino el imperio de una voluntad absoluta e irresistible, situada en una posición general y abstracta de superioridad sobre sus súbditos.
Así, la idea del reino de la ley, quedaría magistralmente grabada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual dispone en su Artículo 5, que todo lo que no está prohibido por la Ley no puede ser impedido y nadie está obligado a hacer lo que la Ley no ordena. Por si fuera poco, todo esto sería incluso reafirmado en la Constitución Francesa de 1791, la cual estableció lo siguiente: “No hay en Francia una autoridad superior a la Ley. El Rey no reina sino por ella, y es en nombre de la Ley que él puede exigir obediencia”.
Desde ese enfoque, el principio de legalidad vincula a todos los poderes del Estado. Siendo esa la situación, el Poder Judicial queda también supeditado a la Ley y, de hecho, se entiende que sus jueces son simple ejecutores de la misma. Por consiguiente, la jurisprudencia debe ser un reflejo directo de la Ley, la cual simplemente ha quedado aplicada a un caso concreto, pero siempre en el entendido que ha sido la boca del legislador la que en definitiva se ha pronunciado, puesto que el Poder Judicial también está limitado por lo que consagra la Ley. Esto ha llevado a la conclusión de que los jueces, son una suerte de agentes que vienen a concretar y defender, como guardianes, los estrictos contenidos de las leyes.
Así, la idea del reino de la ley, quedaría magistralmente grabada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la cual dispone en su Artículo 5, que todo lo que no está prohibido por la Ley no puede ser impedido y nadie está obligado a hacer lo que la Ley no ordena. Por si fuera poco, todo esto sería incluso reafirmado en la Constitución Francesa de 1791, la cual estableció lo siguiente: “No hay en Francia una autoridad superior a la Ley. El Rey no reina sino por ella, y es en nombre de la Ley que él puede exigir obediencia”.
Desde ese enfoque, el principio de legalidad vincula a todos los poderes del Estado. Siendo esa la situación, el Poder Judicial queda también supeditado a la Ley y, de hecho, se entiende que sus jueces son simple ejecutores de la misma. Por consiguiente, la jurisprudencia debe ser un reflejo directo de la Ley, la cual simplemente ha quedado aplicada a un caso concreto, pero siempre en el entendido que ha sido la boca del legislador la que en definitiva se ha pronunciado, puesto que el Poder Judicial también está limitado por lo que consagra la Ley. Esto ha llevado a la conclusión de que los jueces, son una suerte de agentes que vienen a concretar y defender, como guardianes, los estrictos contenidos de las leyes.
Este escenario se manifiesta concretamente en el desarrollo que hace la Constitución de 1791 sobre el Poder Judicial, específicamente en su Capítulo Quinto, en donde se establece que el Poder Judicial no puede, en ningún caso, ser ejercido por el Cuerpo Legislativo ni por el Rey, instituyendo así la independencia judicial, separada de las intenciones del Poder Legislativo y Ejecutivo, y sometida, únicamente, a la Ley.
Por otro lado, hay que destacar, que recién iniciadas las Revoluciones Francesa y Americana y antes de la llegada de aquel histórico 19 de abril de 1810, se demostró en aquellos países de cuyas ideas se alimentaron nuestros próceres, la realidad de que toda cuota de poder necesita de límites para su correcto ejercicio. En primer lugar, surge así el concepto de Constitución, enunciado en términos bien conocidos como una ordenación del Estado que debe necesariamente basarse en la división de poderes y en la garantía de los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, en cuanto al concepto de ley, entendida ésta como expresión de la voluntad general. De estos postulados se derivarían entonces notables consecuencias para el constitucionalismo democrático: la doble limitación material y funcional del poder, por un lado, y, por el otro, la consideración del derecho como producto inmediato de la decisión del pueblo o de sus representantes.
El Estado constitucional aparecerá, así, como una forma específica de Estado que responde a los principios de legitimación democrática del poder (soberanía nacional), de legitimación democrática de las decisiones generales del poder (ley como expresión de la voluntad general), de limitación material (derechos fundamentales), temporal (elecciones periódicas) y quizás la que más nos interesa para la independencia judicial, una limitación funcional (reflejada en una separación de poderes).
Por otro lado, hay que destacar, que recién iniciadas las Revoluciones Francesa y Americana y antes de la llegada de aquel histórico 19 de abril de 1810, se demostró en aquellos países de cuyas ideas se alimentaron nuestros próceres, la realidad de que toda cuota de poder necesita de límites para su correcto ejercicio. En primer lugar, surge así el concepto de Constitución, enunciado en términos bien conocidos como una ordenación del Estado que debe necesariamente basarse en la división de poderes y en la garantía de los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, en cuanto al concepto de ley, entendida ésta como expresión de la voluntad general. De estos postulados se derivarían entonces notables consecuencias para el constitucionalismo democrático: la doble limitación material y funcional del poder, por un lado, y, por el otro, la consideración del derecho como producto inmediato de la decisión del pueblo o de sus representantes.
El Estado constitucional aparecerá, así, como una forma específica de Estado que responde a los principios de legitimación democrática del poder (soberanía nacional), de legitimación democrática de las decisiones generales del poder (ley como expresión de la voluntad general), de limitación material (derechos fundamentales), temporal (elecciones periódicas) y quizás la que más nos interesa para la independencia judicial, una limitación funcional (reflejada en una separación de poderes).
Esa limitación funcional (separación de poderes) sería producto específico de la Revolución Norteamericana, en donde se adoptó no una separación de poderes, sino un gobierno bien equilibrado, importando la teoría inglesa de los checks and balances. Tal sistema se concretaba en la Constitución de Massachusetts, de 1780, al conferirse al gobernador un veto sobre la legislación que sólo podía ser anulado por los dos tercios de la Asamblea; al ordenarse que un número de funcionarios del ejecutivo serían elegidos anualmente por votación de los parlamentarios y que los nombramientos del Poder Judicial deberían aprobarse por un Consejo que era un “híbrido curioso” de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, elegido a su vez por los parlamentarios. Se trataba pues, en palabras de Manuel Aragón Reyes, no de una separación de poderes, sino de una “mezcla de poderes enlazados y de competencias superpuestas”.
Por consiguiente, el trasfondo que realmente subyacía en todas estas ideas, era la de un gobierno controlado, que se atuviera a lo establecido por la Ley, que era producto de la voluntad general, y dicho control traía como consecuencia intrínseca la necesidad de un Poder Judicial independiente, puesto que era lógico que si no existía independencia, sin un verdadero sistema de balanza y contrapesos, sería imposible que los jueces, en estricta aplicación de la Ley, controlaran a los otros Poderes Públicos, puesto que precisamente su independencia, permitiría al Poder Judicial decidir sin tomar en consideración cuestiones subjetivas como los intereses de los titulares de los demás Poderes.
3.- El triunfo de la libertad sobre el despotismo, aportes del jurista Juan Germán Roscio y la Junta Suprema de Caracas
Contrario a la creencia popular, fue un jurista venezolano, Juan Germán Roscio, el que en nuestro país desmontó intelectualmente la divinidad del monarca y sus consecuenciales potestades absolutas. Al incorporarse como diputado al Cabildo que se celebró el 19 de abril de 1810, concretó así una incasable labor propagandística en favor de la independencia y la adopción de los postulados básicos de la Revoluciones Francesa y Norteamericana.
Por consiguiente, el trasfondo que realmente subyacía en todas estas ideas, era la de un gobierno controlado, que se atuviera a lo establecido por la Ley, que era producto de la voluntad general, y dicho control traía como consecuencia intrínseca la necesidad de un Poder Judicial independiente, puesto que era lógico que si no existía independencia, sin un verdadero sistema de balanza y contrapesos, sería imposible que los jueces, en estricta aplicación de la Ley, controlaran a los otros Poderes Públicos, puesto que precisamente su independencia, permitiría al Poder Judicial decidir sin tomar en consideración cuestiones subjetivas como los intereses de los titulares de los demás Poderes.
3.- El triunfo de la libertad sobre el despotismo, aportes del jurista Juan Germán Roscio y la Junta Suprema de Caracas
Contrario a la creencia popular, fue un jurista venezolano, Juan Germán Roscio, el que en nuestro país desmontó intelectualmente la divinidad del monarca y sus consecuenciales potestades absolutas. Al incorporarse como diputado al Cabildo que se celebró el 19 de abril de 1810, concretó así una incasable labor propagandística en favor de la independencia y la adopción de los postulados básicos de la Revoluciones Francesa y Norteamericana.
Roscio apostó por un hombre libre, pero a la vez sometido al imperio de la Ley, y en varias oportunidades, al igual que la Junta Suprema de Caracas, institución que gobernó la Capitanía General de Venezuela tras la renuncia forzada de Vicente Emparan el 19 de abril de 1810, se refirió recurrentemente en contra de la arbitrariedad, resaltando la importancia de que los gobernantes se ajusten a las disposiciones de la Ley, en donde los jueces, reflejando la separación de poderes, deben ser garantía de los derechos de los ciudadanos.
Ejemplo de los aportes de Roscio no solamente se pueden encontrar en su discurso en el Congreso Constituyente instalado el 2 de marzo de 1811, sino también en su gran obra El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en donde el intelectual venezolano estableció que “no importa cuál sea la forma de gobierno que se adopte, con tal de que esté reconocida la majestad del pueblo y se contrabalanceen sus poderes, sin confundir jamás el ejercicio de ellos en una sola mano”.
Ejemplo de los aportes de Roscio no solamente se pueden encontrar en su discurso en el Congreso Constituyente instalado el 2 de marzo de 1811, sino también en su gran obra El triunfo de la libertad sobre el despotismo, en donde el intelectual venezolano estableció que “no importa cuál sea la forma de gobierno que se adopte, con tal de que esté reconocida la majestad del pueblo y se contrabalanceen sus poderes, sin confundir jamás el ejercicio de ellos en una sola mano”.
De esta forma poética resalta Roscio la importancia de que el ejercicio de los poderes sea de manera independiente, en donde los jueces deben responder al interés de la Ley, que no es otro que el interés del pueblo, entendida la Ley como producto de la voluntad general. Dicha teoría se evidencia en la que fue la primera Constitución de nuestro país, la de 1811, y en donde Roscio, al ser uno de sus principales redactores, hace referencia al carácter independiente de cada Poder al tratar las bases del pacto federativo para constituir la autoridad general de la Federación.
Incluso, Roscio consideró conveniente la inclusión de una disposición constitucional a tal efecto, en donde se consagró que “Los tres departamentos esenciales del Gobierno, a saber: el Legislativo; el Ejecutivo y el Judicial, es preciso que se conserven tan separados, e independientes el uno del otro (…)”, puesto que desde entonces el gran prócer intelectual ya pensaba que “bien entendido el genuino sentido de la palabra derecho en la definición de libertad, se deja ver que donde reina el poder arbitrario, sin control alguno, son sinónimos el derecho y la fuerza”.
Por demás, fue Juan Germán Roscio el que también llamó la atención de controlar al poder y a sus agentes, puesto que de conformidad con su pensamiento intelectual, “por grave que sea el delito de una persona privada, no puede tener una trascendencia tan perjudicial a la comunidad como el de aquellas, que amparadas del mando y de la fuerza pública, abusan de todo en obsequio de sus inclinaciones individuales, creyendo que de nada deben responder en este mundo, y que la cuenta de su administración está reservada para el otro, de donde imaginan derivada su autoridad”.
Incluso, Roscio consideró conveniente la inclusión de una disposición constitucional a tal efecto, en donde se consagró que “Los tres departamentos esenciales del Gobierno, a saber: el Legislativo; el Ejecutivo y el Judicial, es preciso que se conserven tan separados, e independientes el uno del otro (…)”, puesto que desde entonces el gran prócer intelectual ya pensaba que “bien entendido el genuino sentido de la palabra derecho en la definición de libertad, se deja ver que donde reina el poder arbitrario, sin control alguno, son sinónimos el derecho y la fuerza”.
Por demás, fue Juan Germán Roscio el que también llamó la atención de controlar al poder y a sus agentes, puesto que de conformidad con su pensamiento intelectual, “por grave que sea el delito de una persona privada, no puede tener una trascendencia tan perjudicial a la comunidad como el de aquellas, que amparadas del mando y de la fuerza pública, abusan de todo en obsequio de sus inclinaciones individuales, creyendo que de nada deben responder en este mundo, y que la cuenta de su administración está reservada para el otro, de donde imaginan derivada su autoridad”.
Vemos así como este gran jurista venezolano sentó la bases tanto constitucional como intelectualmente para un sano imperio de la Ley, en donde no sólo los jueces jugarían un papel fundamental en el control de las personas amparadas del mando y de la fuerza pública, sino que el Poder Judicial, separado e independiente de los demás poderes, ejercería una función de contraloría, precisamente para que el ejercicio de los poderes públicos no se confundieran en una sola mano.
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