El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado de manera unánime la Resolución 1918, en donde exhorta a los países miembros de dicha organización a tipificar el delito de piratería en sus ordenamientos jurídicos internos, y además, hace un llamado al Secretario General, Ban Ki-Moon, para empezar a investigar sobre la posibilidad de crear un tribunal internacional especial para juzgar dicho delito.
Esta situación es producto del creciente problema con la piratería en las costas de Somalia, situación que ya hemos explicado en detalle aquí, pero lo que sorprende es que el Consejo de Seguridad ya ha activado la maquinaria correspondiente para que nazca un nuevo tribunal internacional, especializado en piratería. Cabe destacar, que dicho escenario es consecuencia directa de la falta de acción por parte del gobierno de Somalia y el anuncio de Kenia hace algunos días de que sus tribunales no aceptarán más casos de esta naturaleza, siendo éste último país africano uno de los pocos que, junto a Estados Unidos, había estado verdaderamente dispuesto a juzgar en sus tribunales a los piratas.
A partir de ahora, el Secretario General tendrá un lapso de tres meses para presentar un informe sobre la conveniencia de crear un nuevo tribunal internacional, en lo que constituye uno de los momentos más fructíferos en la lucha contra la piratería en Somalia, puesto que esta semana Naciones Unidas también anunció que invertirán más de 2 millones de dólares en el sistema de justicia somalí para luchar contra los piratas, lo que pasa obviamente porque éstos sean juzgados de conformidad con el Derecho Internacional, lo que en pocas palabras significa que le sean respetados sus derechos humanos.
Cabe destacar, que el derecho internacional y otras resoluciones del Consejo de Seguridad permiten a cualquier Estado capturar y juzgar a piratas. No obstante, el derecho interno de la gran mayoría de países de la comunidad internacional no tiene los mecanismos ni la infraestructura para juzgar a todos los piratas que han sido capturados. Por otro lado, y aunque obviamente los Estados están de acuerdo en que hay que resolver el problema de la piratería, y dichos ciudadanos deben responder ante un tribunal, no hay consenso internacional con respecto a los medios legales que deben ser utilizados, con la mayoría de los Estados prefiriendo que sean tribunales especiales dentro de cada ordenamiento jurídico los que juzguen a estas personas, mientras que Rusia, principalmente, aboga por la idea de que se cree un tribunal internacional especial a tal efecto.
Así, se ha discutido en primer lugar la posibilidad de que los crímenes de piratería sean juzgados por la Corte Penal Internacional. Dicha opción tendría como presupuesto una reforma al Estatuto de Roma o un Protocolo adicional al mismo, en donde se tipifique dicho delito. La opción del Protocolo sería la más adecuada porque podría entrar en vigencia solamente para aquellos Estados que lo ratifiquen y además incluso podría ser ratificado por países que no son parte del Estatuto de Roma, como el caso de Estados Unidos. No obstante, el que la Corte Penal asuma el conocimiento de la piratería, parece no ser la más adecuada en estos momentos en vista de que la Corte ya tiene suficiente trabajo, sus esfuerzos están concentrados en concretar la vigencia definitiva del crimen de agresión, y tal alternativa sería contraria al mandato del propio Estatuto, que no es otro que a la Corte Penal Internacional le corresponde juzgar los crímenes más graves y preocupantes para la comunidad internacional.
La segunda opción es la que ha tenido más seguidores desde hace mucho tiempo, y es aquella que propone que la piratería sea juzgada de conformidad con el principio de jurisdicción universal. Sobre el principio de jurisdicción universal y la piratería ya hemos escrito aquí. Sin embargo, esta opción tiene como deficiencias que depende de la entera voluntad de los tribunales internos de los Estados para que estos crímenes sean juzgados, puesto que la gran mayoría de la doctrina llega a la conclusión de que los Estados pueden juzgar, pero no están obligados a ello, de conformidad con el Artículo 105 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La última opción, y la la cual depende del Secretario General de Naciones Unidas en estos momentos, es la creación de un tribunal internacional especial para que conozca sobre estos crímenes. Esta alternativa sería perfectamente aplicable por el Consejo de Seguridad, y estaría dentro del ámbito de sus facultades, claramente establecidas en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. No obstante, la creación de un nuevo tribunal internacional puede significar el inicio de un procedimiento sumamente largo y costoso, en donde no pueda atacarse de manera adecuada y expedita el grave problema de la piratería, que no sólo afecta a los países africanos, sino también a grandes empresas de países del primer mundo que utilizan las aguas internacionales para el comercio internacional. Este escenario significaría un nuevo capítulo dentro de la concretización de un fenómeno que se conoce como la fragmentación del derecho internacional, siendo uno de sus principales atributos la proliferación de tribunales internacionales. Algunos autores han considerado que este fenómeno significa la creciente judicialización en la resolución de los conflictos internacionales, puesto con la creación de múltiples tribunales internacionales se han superpuesto sus diferentes jurisdicciones, surgiendo así jurisprudencia contradictoria sin que se sepa con claridad cuál de todos los tribunales internacionales tiene la última palabra.
No cabe duda de que definir concluyentemente un foro para juzgar la piratería es de suma importancia para atacar este problema, pero hay que recordar que es uno de los muchos elementos que habrá que tener en cuenta para extinguir esta situación. Problemas como la seguridad de los puertos, y la gobernabilidad de países como Somalia, sin duda alguna son contextos que contribuirán con una resolución definitiva del conflicto. Como todo en el derecho internacional, dependerá en última instancia de la real voluntad de cada uno de los países de la comunidad internacional, pero toda solución pasa por el reconocimiento de la piratería como un problema global y el convencimiento de que no se pueden ignorar los derechos humanos de los capturados para poner fin a esta situación que tiene varios siglos de duración en nuestro planeta.
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